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Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico | RUPTURA
curso que no está siendo aprovechado por su propietario, a través de asegurarle al poseedor
la apropiación de los frutos de su inversión. En diferentes legislaciones aparecen normas
que permiten al poseedor conservar los frutos o recuperar las expensas invertidas en la
conservación del bien.
A su vez, otorgarle al poseedor la posibilidad de excluir a otros individuos de su aprovechamiento
permite que ese recurso no sea utilizado por un número excesivo de individuos,
eliminando los problemas señalados anteriormente de sobre-explotación propios de
la tragedia de los comunes.
Estos fundamentos que a mi juicio justifican la existencia de la protección a la posesión,
pueden tener un efecto clarificador al momento de determinar el elemento “ánimo de dueño”,
requerido por diversas legislaciones para su protección efectiva. Así, un tenedor que
no realiza ningún tipo de erogación en la conservación del recurso o en su aprovechamiento,
no debería entenderse que lo tiene con ánimo de dueño. Del mismo modo el “ánimo de
dueño” no debería desprenderse sin más de erogaciones que no tienen una finalidad de
aprovechamiento del bien, como es por ejemplo el pago de tributos.
VI) La usucapión. Plazos en algunos sistemas latinoamericanos
Se ha discutido brevemente cómo el análisis económico del derecho arroja luz sobre
uno de los elementos requeridos en general para otorgar protección a un poseedor: el ánimo
de dueño. Hay sin embargo otros elementos exigidos para otorgarle protección a un
poseedor y que conforman una garantía para el propietario que se ve afectado en sus derechos.
Los distintos ordenamientos jurídicos tienen sistemas de condiciones que refieren a
plazos, a la publicidad de la posesión, a la buena o mala fe del poseedor, etcétera.
En este apartado veremos concretamente las diferencias en los plazos requeridos por
algunas legislaciones latinoamericanas para adquirir bienes por este modo. La racionalidad
económica detrás de estas diferencias no va a ser objeto más que de un esbozo en el
presente trabajo, ya que requiere de un análisis mucho más profundo que se está realizando
para otro estudio.
De todas formas se hará aquí un acercamiento preliminar al tema, mostrando brevemente
las diferencias que existen actualmente en los plazos establecidos por los sistemas
jurídicos revisados y las condiciones vinculadas a esas diferencias.
Veremos que en Ecuador los sistemas que se establecen son básicamente dos: la prescripción
con justo título y buena fe, y la que no cumple esas condiciones. A su vez la diferencia
es importante entre propietarios ausentes y presentes. Pero no entran en consideración
factores relacionados con las características propias de los inmuebles o la situación
social o económica del poseedor.
En Uruguay, si bien los sistemas de prescripción son los mismos que en Ecuador (aunque
los plazos son mayores), por una ley de 2008 se incluyó un sistema diferencial para
poseedores que no superen el nivel de pobreza. En Colombia el sistema base también es
similar a estos, aunque desde el 2008 se creó por ley un sistema más favorable para poseedores
de niveles socio-económicos muy bajos, por el que se facilita la prescripción adquisitiva
de inmuebles sujetos a un régimen de vivienda familiar.
Del mismo modo en Argentina, donde se establece un sistema base de similares características,
se incorporó por una ley de 1994 un procedimiento dirigido a regularizar situaciones
dominiales específicas, facilitando la prescripción adquisitiva a través de la obtención
de un título inscribible en los registros públicos.