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Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico | RUPTURA
zada por encargo es efectivamente una obra colectiva y la Agencia se ha desempeñado
como el promotor/editor de la misma, la Agencia deberá ser considerada la titular originaria
de todos los derechos sobre dicha obra, incluso de los derechos morales. La otra posibilidad
es que no se hayan reunido los requisitos para que la obra publicitaria sea considerada
una obra colectiva. En tal caso, los derechos de la Agencia no ingresan a su patrimonio
a título originario (pues la Agencia, como tal, no puede en principio ser “autor”), sino como
consecuencia de la cesión (expresa, presunta o legal) que hayan realizado los auténticos
creadores de la obra publicitaria.
Al no ingresar en este tema, la conclusión a la que arriba el TAC 4 carece de todo
sustento y precisión necesarias, y dista enormemente de ser un postulado que merezca ser
admitido en forma indiscriminada y sin tomar en consideración la realidad jurídica que se
tiene delante. Ello porque el hecho de “contratar” a alguien no inviste al que contrata de
ningún derecho por la sola tarea de contratar, sino que dicha titularidad podrá derivar de
múltiples circunstancias que deben ser concretamente analizadas y calificadas para determinar
el régimen de titularidad aplicable. Volveremos sobre este aspecto al analizar la
Sentencia de la SCJ en el numeral VII siguiente.
VII.COMENTARIO DEL CASO: SENTENCIA DE LA SCJ
1. ¿“Quien paga debe adquirir derechos”? El argumento central contenido en el fallo
de la SCJ (y que podemos sintetizar en la máxima “quien paga debe adquirir los derechos”)
es débil, en especial si se está pensando –como parece- en una verdadera “transmisión” de
los derechos de autor por parte de la Agencia a favor del Anunciante-comitente.
El dinero no habla ni escribe, y mucho menos crea o produce una obra. El Comitente/
Anunciante no es autor porque no crea la obra (ni concibe ni realiza), y por tanto no puede
ser titular originario. Podría serlo si una norma expresamente lo estableciera, pero tal norma
no existe en derecho uruguayo: ni para la obra publicitaria, ni para ningún otro tipo de
obra. Tampoco actúa el Anunciante como un promotor de una obra colectiva, rol que como
vimos corresponde a la Agencia. Por tanto, cualquier derecho que se quiera predicar a
favor del Anunciante será únicamente de naturaleza pecuniaria (de explotación, y no moral)
y consistirá en una titularidad de tipo derivado (obtenida de la Agencia de Publicidad,
por vía de cesión o autorización). Entonces, si su titularidad debe ser de carácter derivado,
la pregunta relevante es si por el mero hecho de encargar una obra se debe considerar
cumplido el requisito de solemnidad previsto en el artículo 8 LPLA para que opere la transmisión
del derecho de autor y la respuesta debe ser negativa.
En efecto, con el mismo argumento empleado por la SCJ deberíamos concluir que si –a
pesar de la exigencia de solemnidad para la compraventa de inmuebles establecida en el
artículo 1664 del Código Civil- Juan y Pedro celebran la compraventa de un inmueble en
un instrumento privado, y Juan efectivamente paga a Pedro el precio pactado, entregándole
Pedro por su parte el inmueble, entonces Juan “obviamente” debe adquirir el inmueble
porque pagó por el mismo. Nadie dudaría en calificar esa conclusión de inaceptable por el
simple motivo de que, en el caso del ejemplo, el título (compraventa) sería nulo por no
haberse llenado por las partes el requisito de forma requerido legalmente (artículos 1252 y
1560 del Cód. Civil), y por tanto la tradición del inmueble que se pueda haber efectuado
materialmente, así como el pago del precio son (como negocios de cumplimiento), igualmente
nulos y deben ser repetidos. Del mismo modo, dado que la “transmisión” del derecho
de autor supone la existencia de un contrato (título) y que ese contrato es solemne en