ruptura 2

RUPTURA | Una Revista Interdisciplinaria de Análisis Jurídico 103
de autorizar el uso de la misma a un tercero. Para ello se requiere el consentimiento expreso
del autor o titular originario.
Por otro lado, cabe considerar que de los elementos hermenéuticos presentes en el caso
concreto puede surgir que el uso de la obra que se autorizó al comitente estaba limitado en
cuanto a: (i) las facultades (por ejemplo, si solo se encargó la obra para realizar una reproducción
de la obra y una posterior distribución, o si pretendía hacerse algún tipo de comunicación
público, etc), o (ii) el plazo durante el cual se iba realizar dicha explotación (si la
campaña estaba prevista para ser realizada durante 3 meses), o (ii) el ámbito geográfico en
que se pretendía utilizar la obra. Se trata, obviamente, de que el alcance de la autorización
de uso a favor del comitente no es total e irrestricta, sino que la misma puede haber sido
limitada. Dicha limitación no es única ni invariable, sino que depende de un criterio de
textura abierta, que en última instancia tiende a la razonabilidad del uso y su correspondencia
con los fines (no internos, sino manifiestos) que llevaron a la contratación. Esto es:
solo se pueden considerarse autorizados aquellas explotaciones que, conforme a la naturaleza
del contrato celebrado y su interpretación, son necesarios para llevar a cabo el uso
esperado (o declarado) por ambas partes.
En defecto de elementos que permitan determinar este extremo, debe entenderse que
se confirió al comitente la autorización necesaria para realizar únicamente la explotación
que es conforme al uso normal para ese tipo de obras en similares circunstancias. Creo que
este postulado es válido para las autorizaciones de uso por aplicación analógica de la solución
contenida en el artículo 32 LPLA para los actos de transmisión de derechos 56 .
VIII. REFLEXIÓN FINAL
Del análisis realizado surge que la sana intuición de los magistrados que intervinieron
en el caso planteado por asegurar al comitente de una obra publicitaria las facultades suficientes
para llevar a cabo la explotación de la obra encomendada, aún en el supuesto en
que se haya omitido un pacto expreso en cuanto a la cesión de los derechos de autor que
corresponden a la Agencia de Publicidad y a los creativos que hayan participado en la
creación de la misma, podía lograrse perfectamente sin violentar al mismo tiempo las políticas
públicas asumidas por el Estado Uruguayo en materia de derecho de autor. Bastaba
para ello con emplear fundamentos que armonicen los delicados intereses económicos que
se encuentran en conflicto.
56
El artículo 32 de la LPLA dispone lo siguiente: “Si el cesionario o adquirente del derecho omite hacer
representar, ejecutar, o reproducir la obra, conforme a los términos del contrato o en el silencio de éste, de conformidad
con los usos y la naturaleza y destino para que la obra ha sido hecha, el autor o sus causahabientes pueden
intimarle el cumplimiento de la obligación contraída. Transcurrido un año sin que se diera cumplimiento a ella, el
cesionario pierde los derechos adquiridos sin que haya lugar a la restitución del precio pagado; y debe entregar el
original de la obra. El autor o sus herederos podrá, además, reclamar indemnización por daños y perjuicios. Esta
disposición es de orden público, y el adquirente sólo podrá eludirla por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no
le sea imputable”. Resulta muy esclarecedor el pasaje que establece que, ante el silencio de las partes (esto
es, en ausencia de pacto expreso sobre qué derechos están comprendidos en una determinada cesión) se
entienden conferidas aquellas facultades que sean conformes “con los usos y la naturaleza y destino para
que la obra ha sido hecha”. Hay aquí un criterio interpretativo de fuente legal que resulta de suma utilidad
para la hipótesis de un encargo de obra en la que se haya pactado una cesión de derechos sin indicar
el uso particular que se autoriza al cesionario a darle a la obra.