ob, cit. - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

180 ANDRÉS SERRA ROJAS
En este comentario que venimos haciendo, se citan otras ejecutorias que
examinan el texto de una ley y consideran que puede ser invalidado respecto
a un tipo de hechos y ser aún válido en su aplicación a otros. O la Corte
puede encontrar que una parte de una leyes válida y la otra nula, salvo
que deje su texto incompleto, por lo que es necesario sostener la completa
nulidad de la ley.
La opinión final del autor que comentamos y resumimos se expresa en
estos términos:
"Entre estas alternativas no hay término medio. O la Constitución es la ley
Suprema inmutable por medios ordinarios, o está en el nivel de las leyes ordinarias
y como otras puede ser alterada cuando la legislativa se proponga hacerlo. Si la
primera parte: de la alternativa es cierta, entonces un acto legislativo contrario a
la Constitución no es una ley; si la última es exacta entonces las constituciones escritas
son absurdos proyectos por parte del pueblo, para limitar un poder ilimitable
por su propia naturaleza."
En la teoría política mexicana, una ley legalmente promulgada y publicada
que guarda todos los aspectos externos de legalidad se considera ley,
para todos sus efectos. Pero este criterio externo no nos debe inducir a
errores, al darle a la ley inconstitucional una naturaleza jurídica que es
contraria a su estructura. La ley que es declarada por la Suprema Corte inconstitucional
no debe producir ningún efecto y obliga al Poder Legislativo
a derogarla y al Poder Ejecutivo a no aplicarla. Pueden presentarse verdaderas
anomalías, como la vigencia de una ley inconstitucional que no es
rigurosamente ley, aunque se cubran las apariencias externas y se sostenga
su vigencia durante algún tiempo.
Los Poderes deben ser celosos vigilantes de la aplicación de la Constitución.
De esta manera se logra mantener el orden jurídico bajo inflexibles
mandatos, que no admiten omisiones o regateos. Al discutirse la actual ley
de Turismo y la Ley Forestal, se expresaron tan serios argumentos en contra
de su constitucionalidad, que debió el Poder Legislativo profundizar en sus
facultades para legislar en una materia, que ostensiblemente no se encuentra
en el campo de sus facultades.
7. LA FACULTAD DISCRECIONAL EN MATERIA ADMINISTRATIVA
El funcionario público está obligado a actuar de acuerdo con los mandamientos
de la ley.22 La norma es el punto de partida y la fundamentación
22 "Hay poder para la Administración, cuando la ley o el reglamento, previendo para
la Administración cierta competencia en ocasión de una relación de derecho con un particular,
dejan a la Administración un poder libre de apeciación para decidir si debe obrar
o abstenerse, en qué momento debe obrar, cómo debe obrar y qué contenido va a dar a
su actuación. El poder discrecional consiste, pues, en la apreciación dejada a la Administración
para decidir lo que es oportuno hacer." Bonnard, ob. cit., pág. 64.