ob, cit. - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

68 ANDRÉS SERRA ROJAS
de este último tratadista sirvió de texto en la Facultad de Derecho durante
varios años, en la cátedra de "Derecho Público" sustituida por la "Teoría
General del Estado". Sus afirmaciones se reflejaron en nuestro derecho positivo
y en la Jurisprudencia.
En efecto, la personalidad internacional del Estado es reconocida plenamente
por nuestro derecho. El artículo 104, fracción 1 de la Constitución
alude a los "Tratados celebrados por el Estado mexicano", en tanto que, el
artículo 89, fracción X de la misma, faculta al Presidente de la República
para "dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias
extranjeras, sometiéndolas a la ratificación del Congreso General".
Entre las facultades del Senado se mencionan, artículo 76, fracción 1 "aprobar
los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la
República con las potencias extranjeras". El artículo 25 del Código Civil
para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal menciona
a "la Nación" como persona moral, en tanto que la Ley de Amparo,
artículo 9 ordena: "Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda
de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que
designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclamen afecte los intereses
patrimoniales de aquellos."
En el marco de estas ideas hemos venido afirmando que el Estado como
persona jurídica es detentadora de derechos y deberes, tiene actividad patrimonial,
celebra contratos, otorga concesiones y demás actos jurídicos, comparece
ante los Tribunales y ostenta una reconocida personalidad de Derecho
Internacional, participando en la ONU, cuyo artículo 2 de la Carta,
reconoce que "La organización está basada en el principio de la igualdad
soberana de todos sus miembros". Los artículos 3 y 4 mencionan a los Estados
como miembros de la misma.
La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mantenido
durante largos años, la discutida teoría de la doble personalidad del
Estado, en tanto que la doctrina la rechaza y se orienta hacia la personalidad
única del Estado.
De acuerdo con las ideas que corren en la literatura jurídico-política, lo
que se enjuicia propiamente es la personalidad del Estado. En efecto García
de Enterría y Fernández (Curso de Derecho administrativo, pág. 23) expresan:
"La personalidad del Estado en su conjunto es sólo admisible en el
seno de la comunidad de los Estados (el Estado en cuanto sujeto de derecho
internacional en su relación con otros Estados). Desde el punto de vista
del ordenamiento interno no aparece en cambio, esa personalidad un tanto
mística del Estado, sino 'sólo la personalidad propiamente jurídica de uno
de sus elementos:'
2. LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Correlativo al problema de la personalidad jurídica del Estado en opiniones
tradicionales no se reconoció la personalidad jurídica de la admi-