ob, cit. - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

DERECHO ADMINISTRATIVO 669
y progresista Legislación administrativa tales como la Ley para promover la inversión
Mexicana y regular la inversión extranjera, D. O. F. del 9 de marzo de 1973;
la Ley sobre el registro de la transferencia de Tecnología y el uso y explotación
de patentes y marcas, de D. O. F. del 30 de diciembre de 1972; la ley que crea el
Instituto de Comercio Exterior, D. O. F. del 31 de diciembre de 1970; la Ley
reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera, D. O. F. del 22 de
diciembre de 1975; la Ley del servicio Público de energía eléctrica, D. O. F. del
22 de diciembre de 1975; la Ley de Invenciones y marcas, del D. O. F. del 10 de febrero
de 1976; y otras leyes alusivas a las industrias y actividades comerciales; al
mismo tiempo que han surgido numerosos Fideicomisos, Comisiones, Institutos y
demás organismos relacionados con esta materia.
3. LA EMPRESA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURíDICO
El punto de vista jurídico señala las formas de derecho a través de las
cuales se realiza o desenvuelve la actividad económica de la empresa.
En nuestro país las empresas son sociedades mercantiles, pero cuando
un particular no adopta esas formas, lo que integra es un establecimiento
mercantil. Creemos que ambos conceptos pueden comprenderse bajo el rubro
general de empresa privada, pensando que en ellas debe predominar el
propósito mercantil.
Por empresa mercantil debemos entender aquella actividad económica que organiza
los elementos de la producción con un espíritu de lucro. Frederic Benham,
Curso superior de economía política, México, 1941, nos dice: "La empresa es una
unidad de producción independiente y el que la proyecta es el empresario."
A la empresa alude el artículo 75, fracciones V a XI del Código de Comercio,
además de la Ley de Sociedades Mercantiles, la Ley de Cooperativas,
la Ley de Quiebras, la de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Instituciones
de Crédito y otras.
Señalaremos algunos ejemplos en la empresa privada: el capital aportado
es una fuente de riqueza regulada por el derecho; los beneficios que se
obtienen caen bajo el campo del derecho fiscal; los derechos y obligaciones
de los trabajadores al derecho del trabajo; las actividades ilegales o monopolizadoras
por la ley de monopolios o la ley de atribuciones del Ejecutivo
en materia económica; los títulos que se emiten por la ley de títulos y opera·
cienes de crédito; las relaciones comerciales por el Código de Comercio; las
formas de organización por la ley de sociedades mercantiles o la ley de
cooperativas; el fracaso de las empresas por la ley de quiebras; y otros
nUmerosos casos.
El Diccionario de Ciencias Económicas (Ed. Labor, 1966, pág. 399) cita la siguiente
opinión de lean Marchall (1, pág. 513):
"Los poderes públicos aportan medios de acción que desbordan el derecho .común,
gracias a les cuales la explotación pública puede sustraerse, total o parcial-