ob, cit. - Instituto Nacional de Administración Pública, AC

DERECHO ADMINISTRATIVO 599
der público. Razones prácticas de muy diversa naturaleza, no mantienen el
régimen descentralizado en la puridad de su construcción jurídica. El Estado
es el que fija los Iímites hasta donde llega la acción descentralizadora.
Aun en aquellos casos en que la ley concede la máxima autonomía a un
ente público, digamos como en el caso de la Universidad Nacional Autónoma
de México, siempre se reserva el Estado la facultad para modificar ese régimen
jurídico por medio de la ley, o retirar el subsidio anual, si así lo cree
conveniente. Este subsidio por otra parte no le otorga ningún derecho de
intervención.10
Es muy importante señalar que una ley que organiza un ente público
puede 'ser totalmente derogada. En este caso puede subsistir el organismo y
mantener su organización, pero pierde su carácter de organismo descentralizado
y surge -si no se dispone lo contrario- una entidad de diversa naturaleza
técnica o funcional. Para este caso se requiere un mandato expreso
que defina la nueva situación jurídica, pues los bienes de esas instituciones,
al liquidarse, son bienes de dominio privado de la Federación, en los términos
señalados en la Ley General de Bienes Nacionales.
El poder de nombramiento del personal superior de las instituciones
descentralizadas sufre diversas modificaciones, desde la plena abstención para
nombrar, hasta la de proponer el personal, directivo o técnico, que se estime
necesario.
En la descentralización el poder central relaja los vínculos que lo unen
al ente público, pero conserva las funciones de carácter esencial, para vigilar
la actuación y la política de esos organismos, principalmente sus actividades
de carácter financiero, en este régimen se manifiesta la tutela administrativa
sobre estas entidades.
El poder de vigilancia es uno de los factores más importantes de que
dispone el poder central para el control de los organismos descentralizados.
Existe una gran variedad de instituciones descentralizadas en la administración
pública mexicana, que fijan la mayor o menor relación entre esas
instituciones y el poder central. Esos caracteres hay que deducirlos del texto
expreso de la ley y no de la costumbre.tt
Finalmente, el descentralismo administrativo implica el manejo del servicio
técnico, de un estatuto legal, disponer de funcionarios técnicos apropiados
a sus necesidades, un presupuesto y un régimen económico que permita
la autosuficiencia del servicio, no sometido a las restricciones o limitaciones
de la jerarquía administrativa.
10 Cuando se discutió el proyecto de Ley orgánica de la Universidad. el criterio que
prevaleció en las discusiones parlamentarias fue que la Universidad era una'institución
privada. al amparo de la ley que en aquel momento la regía. Véase en contra: Andrés Serra
Rojas. Inquietudes de nuestra época, pág. 125;
11 Determinadas leyes administrativas en 'la exposición de motivos han Ilamado organismo
descentralizado a la institución que regulan, pero el articulado no fija expresamente
el régimen jurídico que corresponde a la descentralización. En estos casos el texto expreso
de la ley es lo único que nos puede guiar para determinar la naturaleza .jurídica de la
institución.