Reconfigurando territorios

RECONFIGURANDO TERRITORIOS 13
Reforma Agraria”, mediante la aplicación de la
ley del mismo nombre, dificultosamente aprobada
en el Parlamento en noviembre del año
2006. Esta ley introduce importantes cambios
a la Ley INRA, facultando al entonces Poder
Ejecutivo para -de manera expedita- identificar
latifundios que no cumplen la Función Económico
Social (FES), es decir que no están siendo
trabajados, y revertirlos al Estado para su posterior
redistribución a los campesinos e indígenas
sin tierras.
La voluntad del gobierno del presidente Morales
para llevar adelante una radical reforma agraria
-ya anunciada en su programa de campaña- se
puso de manifiesto en un acto político de masas
el 2 de agosto del año 2006, en la mítica localidad
campesina de Ucureña. Dos meses antes, en
una solicitada a página entera publicada en casi
todos los medios impresos del país, el gobierno
señalaba explícitamente dos medidas iniciales:
(Viceministerio de Tierras, 2006)
1. “Revertir al dominio del Estado aquellas grandes
superficies de tierras negadas a la producción y al
trabajo y reservadas a la especulación y a los negocios
bancarios.
2. “Entregárselas a quienes si las necesitan: pueblos
indígenas y comunidades indígenas, campesinas y
originarias”.
”Dicho de forma más breve aún: abolir y suprimir el
latifundio de la realidad nacional, tal el primer paso
de la Revolución Agraria”.
”En los próximos cinco años el Gobierno Nacional
distribuirá cerca de 20 millones de hectáreas”,… y
puesto que la mayoría de estas son de vocación forestal,…
“el Gobierno Nacional pretende construir
un Modelo de Desarrollo Forestal Comunitario”.
El objetivo de este análisis de la Fundación
TIERRA es precisamente valorar los avances
del proceso de reforma agraria logrados hasta
la fecha, considerando especialmente los resultados
en la titulación de tierras, sus limitaciones
y sus desafíos a futuro.
Cabe advertir aquí que esta tarea se ha visto limitada
por la escasa información disponible al
público. El último informe anual del INRA difundido
corresponde a 2007 y además los datos
proporcionados a la población por el INRA y el
Viceministerio de Tierras a través de sitios web
y algunos medios de prensa, a pesar de haber
sido actualizados a fines del 2009, son muy generales
y presentan información agregada que
impide análisis más específicos.
1. Avances del proceso de saneamiento
de tierras
Un primer aspecto importante a considerar es
el avance en el diseño normativo que dirige y
acompaña el proceso. En este sentido, el proceso
de Reforma Agraria cuenta ahora con dos
instrumentos legales fundamentales: la Ley
3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma
Agraria, promulgada en noviembre de
2006, y la nueva Constitución Política del Estado,
en vigencia desde febrero de 2009.
La Ley de Reconducción Comunitaria esencialmente
establece un procedimiento de saneamiento
legal de tierras más rápido y flexible,
precisa las definiciones de la Función Social y
Función Económica Social (FES) y permite la
reversión de tierras por el incumplimiento de
esta última realzando el principio fundamental
de que la tierra es de quien la trabaja.
Por su lado, la nueva CPE establece que la tierra
es de propiedad y dominio originario del
pueblo boliviano, correspondiéndole al Estado
su administración y control. Asimismo,
mantiene el precepto de que el trabajo es la
fuente fundamental para la adquisición y conservación
de la tierra, recalcando que se debe
cumplir una función social o económica social
para mantener este derecho, constitucionalizándose
la figura de la reversión en caso de
incumplimiento de la FES o de tenencia latifundiaria.
Asimismo, la nueva CPE mantiene
el reconocimiento a la propiedad privada y
la propiedad colectiva e introduce la complementariedad
entre derechos colectivos e in-