Reconfigurando territorios

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FUNDACIÓN TIERRA
sión de derechos de uso sobre la misma, si no
están normadas, pueden agravar más la situación
de conflictividad.
En algunas zonas del altiplano paceño, el acceso
al agua y a recursos naturales como los yacimientos
de piedra caliza, también pueden ser
fuentes potenciales de conflicto referidas al uso
de estos recursos.
El arrendamiento de tierras parece ser una solución
práctica a corto plazo al problema de la
escasez y como tal, debe ser normado, regulado
y aprovechado desde las políticas agrarias
para generar mejores condiciones para el desarrollo
rural. Se ha prestado mucha atención a
los derechos de propiedad y no ha sucedido lo
mismo con los derechos de uso, cada vez más
importantes.
6. La comunidad como espacio de resolución
de conflictos
Tanto en las comunidades aymaras, como en
las quechuas y las chiquitanas, de manera general
y con pequeños matices de unas a otras, el
orden jerárquico del proceso de resolución de
conflictos es el siguiente:
- Primera instancia de resolución: entre las
partes en conflicto, normalmente entre vecinos
o familiares.
- Segunda instancia de resolución: si no se
logran acuerdos, las partes acuden a la organización
comunal, a la autoridad correspondiente
para que ejerza de mediador. Un
nivel de esta instancia sería la Asamblea
Comunal o Cabildo Indígena.
- Tercera instancia de resolución: Si la comunidad
no resulta ser el escenario de conciliación,
el conflicto puede pasar a ser considerado
por la organización supracomunal
superior: la subcentralía, la central provincial,
el ayllu mayor, la marqa.
- Cuarta instancia de resolución: si los espacios
comunales han fracasado, se acude a
las autoridades estatales, sea la policía, el
corregidor, el subprefecto, el juez agrario, el
INRA y otros.
Cuando una comunidad está bien organizada,
se respetan sus normas y hay una buena cohesión
en su interior, los conflictos normalmente
se quedan en los dos primeros niveles y sólo si
se trata de situaciones muy graves, se llega a
las instancias mayores. La capacidad de resolución
de conflictos dependerá de la fortaleza
comunal, el desarrollo democrático de sus normas
y de su grado de cohesión social. Cuando
la comunidad es débil, generalmente cuando
están muy cerca de las ciudades y han dejado
de vivir de la producción de la tierra, las posibilidades
de solución del conflicto en lo comunal
son menores y la gente acude directamente al
Estado (cuarta instancia), lo cual significa además,
mayores costos, tiempos y rupturas en la
estructura social comunal.
Hay que reconocer también que los acuerdos
logrados no son siempre imparciales y que
hay cierto grado de subjetividad en cada conciliación.
A veces la comunidad, o la autoridad
comunal, no cumple su rol de mediador
y se convierte en juez y parte. Sin embargo, de
manera general, la comunidad busca el diálogo
entre las partes, persiguiendo acuerdos en
los que todos ganen. Es la búsqueda del justo
medio que sea satisfactorio para las partes, sin
que una sea ganadora y la otra perdedora (Plata,
2009, p. 11).
En este sentido, la gran mayoría de los conflictos
por la tierra se quedan en la primera y segunda
instancia, sólo los más grandes y complicados
llegan a instancias superiores. Esto se
debe a que la comunidad es considerada, en las
tres regiones del trabajo, el espacio natural de
resolución de este tipo de conflictos de baja intensidad.
En las comunidades indígena originaria campesinas
del país, quien tiene tierra, forma parte
íntegra de la comunidad con todos los dere-