Reconfigurando territorios

RECONFIGURANDO TERRITORIOS 35
las autonomías indígenas. Es decir que lo que
inicialmente fue considerado en la Ley INRA y
en la Ley de Reconducción Comunitaria como
propiedad colectiva de la tierra con ciertos derechos
de administración, hoy en términos de
la nueva CPE podrá adquirir la calidad de una
nueva jurisdicción político-administrativa de
los pueblos indígenas con derecho al autogobierno,
mediante un proceso que deberá ser determinado
en la Ley Marco de Autonomías. Es
preciso aclarar las características, atribuciones
y competencias de las TCO como tipo de propiedad
y como unidades territoriales administrativas
si es que ejercen su derecho a la conversión
en autonomías indígenas.
Otro tema importante ligado al anterior es el de
la administración de derechos propietarios y el
uso de recursos naturales renovables dentro de
las TCO y las autonomías indígenas. El artículo
348 de la nueva CPE establece que ”los recursos
naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible,
e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá
al Estado su administración en función
del interés colectivo” y sin embargo, el artículo 403
señala que los pueblos indígenas tienen el “derecho
a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de
todos los recursos naturales renovables en las condiciones
determinadas por ley”. Pareciera existir
una contradicción que es preciso resolver. Adicionalmente,
la nueva CPE ha mantenido para
el gobierno nacional, las principales atribuciones
exclusivas en materia de tierras concentradas
en el Presidente del Estado Plurinacional.
La nueva CPE determina que en materia de
reversión, expropiación, titulación, dotación y
adjudicación de las tierras, así como en materia
de asentamientos humanos y planes de reterritorialización,
la competencia es del gobierno
nacional. La razón es obvia. No se podía dejar
estas competencias o parte de ellas en manos de
las elites del oriente que habían usado el tema
de las autonomías para defender sus privilegios
sobre la tierra. Pero al concentrar estas prerrogativas
en manos exclusivas del poder central,
la nueva CPE limita a los gobiernos indígenas
el manejo y la administración de los derechos
propietarios individuales y colectivos de los recursos
naturales renovables en sus territorios,
sobre los cuales tienen derechos exclusivos.
Este es un tema irresuelto y que seguramente
requerirá de ajustes normativos.
Finalmente, se ha visto últimamente una serie
de situaciones conflictivas relacionadas con la
tierra, el territorio y los recursos naturales. Comunidades
originarias tomando minas en el
altiplano, indígenas exigiendo al Estado y a las
empresas petroleras respeto a los derechos de
consulta y beneficios por la exploración y explotación
de hidrocarburos en sus territorios,
colonizadores en conflicto con indígenas por el
acceso a la tierra en áreas protegidas, cocaleros
produciendo en parque y reservas naturales. En
cada una de esas situaciones, cada actor reclama
la razón y su legítimo derecho. Cuando se trata
de la tierra, el territorio y los recursos naturales,
es fundamental definir los límites de aplicación
del derecho de una colectividad y el derecho de
la nación boliviana en su conjunto, para evitar
así las sobreposiciones de al menos tres conceptos
de territorio distintos: el territorio como espacio
vital donde los pueblos indígenas se desarrollan,
y que está caracterizado por su relación
fundamental con la tierra, el medio ambiente y la
cultura; el territorio como unidad política administrativa
en la cual un pueblo indígena ejerce su
autogobierno dentro de la estructura organizacional
del Estado y el territorio nacional, sobre el
cual debe velar el Estado, donde se asienta toda
la población del país y en el cual existen recursos
naturales estratégicos para el desarrollo nacional.
Las nuevas normas deberán superar estas
sobreposiciones para evitar mayores conflictos
que puedan llevar a situaciones de violencia.
En resumen, entre los principales desafíos del
proceso de reforma agraria en el país, podemos
citar los siguientes:
En la aplicación de políticas agrarias
- Iniciar nuevos saneamientos en unidades
empresariales medianas y grandes del
oriente y comunidades altamente fragmentadas
en el occidente.