Reconfigurando territorios

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FUNDACIÓN TIERRA
Sin embargo, es necesario hacer notar que la
titulación de 15,5 millones de hectáreas de tierras
boscosas en favor de los pueblos indígenas
de las tierras bajas ha contado también con
cierta complacencia de algunas elites regionales
de Santa Cruz, Beni y Pando. Esto se explica
porque las elites terratenientes del oriente
hace tiempo que han identificado como sus
principales “enemigos” a los colonizadores
quechuas y aymaras de las tierras altas a quienes
acusan de que -cuando emigran al oriente-
practican la agricultura familiar itinerante
de “roza y quema” y trasladan también su
pobreza y costumbres debilitando así la identidad
oriental. La titulación de 15,5 millones
de hectáreas a favor de los pueblos indígenas
del oriente puede ser entendida como una forma
de disminuir el espacio disponible y por lo
tanto, frenar la migración de occidente, que es
calificada en los círculos de poder del oriente
como depredadora, empobrecedora, políticamente
y étnicamente (racialmente) indeseada.
Ante la falta de tierras de uso agrícola o ganadero
en el occidente de Bolivia, las nuevas generaciones
de hijos de campesinos del altiplano
y los valles, no tienen otra opción que irse fuera
del país, abandonar el campo y dedicarse a actividades
informales urbanas.
Analizando el contexto nacional, aún con la
masiva titulación de territorios a favor de los
pueblos indígenas de las tierras bajas, se mantiene
en Bolivia una muy desigual distribución
de las tierras. Esta vez la desigualdad se da
también entre los indígenas andinos que apenas
acceden a una o dos hectáreas cultivables
por familia, y los pueblos indígenas orientales
que con la nueva CPE, ahora son dueños de
extensas zonas boscosas con derechos de uso
y aprovechamiento sobre los recursos naturales
renovables existentes en sus territorios. En
algunas zonas del occidente andino, los pueblos
indígenas quechuas y aymaras acceden a
territorios con poco potencial agropecuario y
con importantes yacimientos de minerales y de
recursos áridos que entran en conflicto de intereses
con empresas y cooperativas mineras.
Otro elemento a considerar es que con la masiva
titulación de territorios a favor de los
pueblos indígenas, el gobierno del presidente
Evo Morales tendrá dificultades para aplicar
un plan de redistribución de tierras para los
que no la poseen en occidente. Los indígenas
campesinos aymaras y quechuas ya no tienen
amplias oportunidades para migrar a las tierras
del oriente porque éstas ya tienen dueños:
por un lado los pueblos indígenas de las
tierras bajas y por el otro los empresarios de
la soya, la caña y la ganadería, además de los
traficantes de tierras que todavía no han sido
afectados.
2.3 La mayoría de las propiedades medianas
y grandes aún no han sido saneadas
Se conoce que entre 1953 y 2002, se habrían distribuido
en el país alrededor de 65,5 millones
de hectáreas 13 . De este monto, cerca de la mitad,
31,1 millones de hectáreas habrían sido otorgadas
como empresa agropecuaria (gran propiedad),
16,5 millones como mediana propiedad,
12,8 millones como propiedad comunitaria y 5
millones como pequeña propiedad. Si se compara
los avances del saneamiento por tipo de
propiedad con esta estructura de tenencia de la
tierra, claramente inequitativa, se ve de manera
evidente que el Estado boliviano, durante estos
13 años de reforma agraria desde la Ley INRA,
no ha sido capaz de avanzar sustantivamente
en el saneamiento de tierras de la mayoría de
las unidades empresariales medianas y grandes.
Únicamente el 4% de las tierras de propiedades
medianas y grandes han sido saneadas a
favor de sus propietarios: De 16,5 millones de
hectáreas de tierras en propiedad mediana sólo
se ha saneado 0,7 millones, un 4,5%. De igual
manera, de 31,1 millones de hectáreas de tierras
de unidades empresariales grandes (Empresa)
sólo se ha saneado el 4,3% que es igual a 1,3
millones de hectáreas.
13 INRA. Estadísticas agrarias 1953 – 2002. Documento sin publicar.