Reconfigurando territorios

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FUNDACIÓN TIERRA
de mayor capacidad al Estado para recuperar
tierras mediante el mecanismo de la reversión.
Para el efecto redefinió el concepto de Función
Económico Social (FES) otorgándole un marco
amplio de acción sobre la base del uso sostenible
de la tierra. Es así que se determinó que la
reversión de tierras procederá -sólo en medianas
propiedades y empresas agropecuariaspor
incumplimiento total o parcial de la FES y
que las verificaciones no podrán realizarse en
un plazo menor a dos años.
Asimismo se determinó que todas las tierras
que fueron devueltas al dominio originario
del Estado serán dotadas exclusivamente a favor
de pueblos indígenas y/o originarios que
como resultado del proceso de saneamiento
hayan quedado sin tierra, de esta manera se
buscó afianzar lo previsto en el Art. 3 de la Ley
de 1996. Con estos argumentos de orden legal,
la Ley de Reconducción Comunitaria le dio un
nuevo sentido a la ley INRA incorporando explícitamente
a la mujer dentro del proceso de
saneamiento y para ello planteo beneficiarla
prioritariamente en la dotación, la administración,
la tenencia y el aprovechamiento de la
tierra independiente de su estado civil, fijándose
un nuevo plazo de 7 años a partir de la
promulgación de la Ley Nº 3545.
Para darle operatividad al nuevo enfoque de
género, se estableció un conjunto de normas en
la misma Ley y en su reglamento. Es así que la
Disposición Final Octava de la Ley de Reconducción
Comunitaria “garantiza y prioriza la participación
de la mujer en los procesos de saneamiento
y distribución de tierras”. Consecuentemente,
la misma disposición establece que “en caso de
matrimonios y uniones libres o de hecho, los títulos
ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges
o convivientes que se encuentran trabajando la
tierra, consignado el nombre de la mujer en primer
lugar”. Además de esta previsión en el reconocimiento
del derecho de propiedad se establece
que se otorgará derechos de propiedad sobre la
tierra a favor de las mujeres “independientemente
de su estado civil”.
En base a estas prerrogativas de la Ley, el Decreto
Reglamentario establece la necedad de
promover la equidad de género en todas las
acciones del INRA a través de la eliminación
de todas la formas de discriminación en contra
de las mujeres y promoviendo su participación
dentro de las organizaciones sociales.
(Art. 3 inc. e–k). En esa misma línea, se exhorta
a los funcionarios del INRA para que en sus
actividades promuevan la equidad de género
(Art. 6), garantizando la aplicación de metodologías
adecuadas dentro del proceso de saneamiento
con el fin de asegurar el efectivo
ejercicio de los derechos de la mujer, además
de promover mecanismos y programas de capacitación
a todo nivel para el logro de ese objetivo
(Artículos 8, 46 inc. h y 47 inc. j).
Este paquete normativo, se planteó con la
idea de que se convierta en el mecanismo jurídico
que permita promover la equidad de
género, otorgando a la mujer la posibilidad
de participar en el saneamiento de tierras en
condiciones más favorables y de esa manera
lograr la titulación de tierras a su nombre.
No cabe duda que esta propuesta significa
un salto cualitativo en torno al enfoque del
tema género, pero en su aplicación resulta
restringida pues se limita a garantizar la
titularidad de la tierra bajo el supuesto de
que el título de manera automática es suficiente
para solucionar el problema de acceso
y control efectivo de la tierra para la mujer.
En realidad, la seguridad jurídica que da un
documento como es el título de propiedad
sobre la tierra, requiere de una estabilidad
institucional y sobre todo de la vigencia permanente
de la ley como los principales referentes
para la protección eficaz de cualquier
derecho adquirido. En este caso, el circunscribir
la aplicación de la ley al ámbito del
saneamiento implica un problema que afecta
directamente a las mujeres por la fragilidad
jurisdiccional en la que aún se encuentran.
Esta conclusión será retomada al momento
de analizar las formas en que la mujer accede
a la tierra.