Reconfigurando territorios

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FUNDACIÓN TIERRA
“oportunidad”, los caciques apoderados de
Jesús de Machaca se encargaron de recolectar
el dinero necesario de todas las comunidades
para comprar legalmente sus tierras ancestrales
(ver Choque 2003: 77-124, 295-326; Ticona y
Albó 1997: 31-32). 6 Incluso después de la promulgación
de la Ley de Ex-vinculación en 1874,
que impulsó la expansión de la hacienda a costa
de las tierras comunales en todo el país, los
ayllus de Jesús de Machaca conservaron un alto
grado de control sobre la tierra debido en parte
a su pobre potencial productivo y por otra a la
tenaz resistencia a la expansión de la hacienda. 7
Como resultado, únicamente cuatro haciendas
se establecieron en Jesús de Machaca controlando
una pequeña proporción de la tierra de toda
la marka. En contraste, en el resto del altiplano
boliviano la hacienda se había extendido casi
de manera indiscriminada durante los últimos
años del siglo XIX e inicios del XX (ver Ticona y
Albó 1997: 171-180). 8
La Revolución Nacional de 1952 y la posterior
Reforma Agraria de 1953 tuvieron una profunda
influencia sobre la distribución de la tierra
en la mayor parte de Bolivia, eliminando las haciendas
neo feudales y redistribuyendo la tierra
de manera individual a los peones. Uno de los
objetivos de la Reforma Agraria fue la modernización
de la producción agrícola. Como resultado
de la usurpación de tierras por parte
de las haciendas, el control comunal de la tierra
no pudo reconstituirse de manera substancial
después de 1953, y con ello disminuyó la capacidad
de muchas comunidades de conectar
o articular el servicio comunal con el acceso a
la tierra. El sistema hacendal también generó
diferenciaciones económicas, que a su turno
reprodujeron relaciones de poder asimétricas
que posteriormente debilitaron la cohesión comunitaria
en muchas regiones del altiplano.
En contraste, la relativa ausencia de haciendas
en Jesús de Machaca significó que la Reforma
Agraria tuvo poco impacto en el sistema de
control comunal de la tierra. La pervivencia de
la tenencia comunal de la tierra no sólo permitió
mantener el vínculo entre el servicio comunitario
y el acceso a las tierras comunalmente
controladas sino que también permitió que la
diferenciación económica fuera menos pronunciada
que en otras regiones del altiplano y de la
zona andina (ver Ticona y Albó 1997: 167-199).
La aplicación de la Ley INRA a partir de 1996
creó una oportunidad para que los ayllus de Jesús
de Machaca fuesen titulados como Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) 9 , título que les
protege colectivamente de las fuerzas del mercado
externo (ver Colque 2005: 26-27, 47-49;
Hernáiz y Pacheco 2000). 10 Hasta el año 2007, 18
de los 24 ayllus de Jesús de Machaca fueron titulados
como TCO obteniendo la condición de
territorios indígenas. Sin embargo, la mayoría
de los comunarios permanecen aún escépticos
ante el valor de los títulos colectivos y también
6 El control de la tierra después de 1645 y 1585 no liberó a los indígenas Machaqueños del trabajo forzado (mita) en las
minas de Potosí; ni de las obligaciones de pagar tributo o impuestos a la corona española y más tarde al gobierno republicano
(ver Plata, Colque y Calle 2003: 43; Choque 2003).
7 Según Grieshaber (1991: 114), entre 1881 y 1920, 12,158 tierras comunales fueron “vendidas” a hacendados en el marco
legal de la Ley de Ex-vinculación. El 86% de aquellas transferencias se dieron en áreas inmediatamente circundantes a
Jesús de Machaca (citado en Choque 2003: 268).
8 Los documentos a partir de 1893 indican que las haciendas controlaron 4,450 ha de las 26,539 ha de tierra cultivable
(Choque 2003: 270).
9 El nombre completo de la ley es Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley 1715). INRA es el Instituto Nacional
de Reforma Agraria).
10 La Ley INRA fue producto de presiones opuestas de múltiples fuentes, incluyendo tanto a terratenientes en gran
escala en las tierras bajas del Este de Bolivia como campesinos indígenas pequeños productores en las tierras altas.
Por consiguiente, el objetivo neoliberal de establecer títulos de tierra individuales en todo el país como un modo de
promover un mercado más activo de la tierra agrícola fue atenuado por las previsiones contenidas en la ley INRA que
permitieron que las tierras de comunidades campesinas e indígenas de propiedad colectiva, no puedan ser vendidas
ni compradas (ver Urioste, Barragán y Colque 2006; Hernáiz y Pacheco 2000; Urioste 2003).