Reconfigurando territorios

RECONFIGURANDO TERRITORIOS 67
Según el cuadro, entre 1953 y 1993 se entregaron
759,436 títulos de propiedad en calidad de
propiedad familiar-individual. Si consideramos
que el actual proceso de saneamiento ha
logrado titular hasta la fecha a 136.987 propietarios
individuales, podemos afirmar que se
habría cubierto el 19.4% del total de beneficiarios
que existen en el Bolivia, eso sin considerar
las numerosas subdivisiones que ocurrieron
desde el momento de la titulación en base a la
Ley de 1953. Vale la pena apuntar que los mayores
porcentajes de propietarios individuales
reconocidos entre 1953 y 1992 están en los departamentos
de La Paz, Cochabamba y Potosí
que son las zonas que por ahora son las menos
atendidas en el saneamiento.
Volviendo a los datos del INRA, según se tiene
registrado entre 1996 y 2009 se habría entregado
54.630 títulos de propiedad a mujeres solas
bajo el siguiente detalle:
Gráfico 1
Número de beneficiarias (mujeres solas) entre
1996 y 2009
Fuente: www.inra.gob.bo en base de UPDI/INRA: junio
2009.
Por su importancia, destacamos el caso de Pando
ya que en este departamento se ha concluido
el proceso de saneamiento en su totalidad. En
esta zona se entregaron 422 títulos de propiedad
a favor de mujeres. Como se dijo, la razón
de que no pueda contabilizarse más beneficiarias
en un departamento que ya tiene una Resolución
de Área Saneada es que la mayor parte
del saneamiento priorizó el reconocimiento de
derechos de propiedad colectivos bajo la figura
de TCO y/o comunidades indígenas originarias
campesinas. No cabe duda que este tipo
de reconocimiento del derecho de propiedad
benefició a un número importante de mujeres;
no obstante, al no existir registros públicos que
permitan establecer el número total de mujeres
beneficiarias bajo esta modalidad, éstas continúan
invisibilizadas.
Esta realidad permite abordar un problema
que afecta a la mujer y que surge a partir del
enfoque con el que se manejan los derechos y
deberes de las personas que son parte de una
propiedad colectiva. Según establece la Ley de
tierras, las TCO y las propiedades comunales
tituladas colectivamente tienen la potestad de
organizar, dirigir y garantizar los procesos de
distribución y redistribución para el uso y aprovechamiento
individual y familiar al interior
de su jurisdicción en base a sus normas propias
(Art. 3 Ley INRA). A partir de este argumento
de orden legal y que además ahora se presenta
como una garantía constitucional, el ejercicio
de los derechos individuales referidos a la
tierras y demás recursos naturales, están bajo
tuición y cuidado de instancias y jurisdicciones
hasta ahora no estatales como son las TCO y las
comunidades, de esa forma la protección de la
norma general no encuentra una demarcación
precisa ya que todavía no existe claridad sobre
los límites jurisdiccionales entre las normas
consuetudinarias y las formales. Esta situación
se enturbia aún más pues no se tiene certeza sobre
la forma cómo se conecta lo individual y lo
colectivo en un mismo ámbito de aplicación. Es
el caso de los derechos individuales de la mujer
dentro de una jurisdicción colectiva y es que las
primeras han adquirido una serie de prerrogativas
que difícilmente pueden ser aplicables si
no cuentan con procedimientos que permitan
interpretar la forma en que serán ejercidas en
un entorno colectivo.
Teniendo estas complejas situaciones en mente,
no pretendemos descalificar las prerrogativas
jurídicas que lograron las organizaciones colec-