Reconfigurando territorios

58
FUNDACIÓN TIERRA
normas vigentes en tiempos determinados.
Es así que durante la aplicación de la Ley de
Reforma Agraria de 1953 se trató de asentar
los cimientos para consolidar el derecho de
propiedad individual y desde esa perspectiva
la sucesión se reguló en base al principio de
igualdad ciudadana desarrollado en el derecho
civil. Con la promulgación de la Ley INRA
en 1996 se intentó dar un giro a este enfoque
tal como explica Urioste, la idea era “buscar
el fortalecimiento de las comunidades mediante la
conversión del derecho de propiedad privada de la
tierras –otorgada por la Reforma Agraria del 53-
a propiedad comunitaria colectiva. Para ello los
derechos privados de individuales de las parcelas
familiares debían haber sido cedidos a beneficio de
las comunidades” (Urioste, 2007: 160). En ese
marco la sucesión hereditaria debía regirse en
base a normas consuetudinarias existentes en
las comunidades.
Este cambio en la visión sobre la propiedad de
la tierra sobrevino en menos de 40 años, lo que
produjo un desarreglo y confusión entre los
involucrados que habían logrado obtener un
título de propiedad y que pasado un tiempo
estaban obligados a renunciar a su documento
de propiedad familiar-individual como un requisito
para mantenerse como parte de la comunidad.
En esa medida la norma agraria no
daba –y no da- ninguna certeza sobre la forma
en que debe trasladarse el derecho de propiedad
sobre la tierra vía sucesión hereditaria.
Para los que han logrado adquirir derechos de
propiedad vía titulación familiar o individual
las condiciones de la sucesión se rigen por lo
establecido en la ley civil con el agregado –a
todas luces contradictorio- de que debe mantenerse
la indivisión forzosa (Art. 48); y para
los que han consolidado sus derechos sobre la
tierra en un entorno comunal deben regirse a
lo establecido en sus costumbres. Esta ambigüedad
en la protección del derecho de propiedad
“era y es aún –paradójicamente- una de
las causas que determinó el rechazo de la ley: las
familias del altiplano no quieren ceder sus derechos
a favor de la comunidad” (Urioste, 2007: 160).
Otros autores no creen en que las tierras familiares
van a poder manejarse por siempre en lo
pro-indiviso sin que haya tendencia a dividirla
en acciones individuales (Speding y Llanos,
1999: 74).
En el altiplano y los valles donde vive la gran
mayoría de la población rural de Bolivia, los
actuales herederos persisten en la idea de proteger
su derecho de propiedad individual y
para ello se valen de todas las prerrogativas
que tengan a la mano, utilizando de manera
utilitaria lo formal y lo consuetudinario, dando
como resultado que la mayoría de hombres
y mujeres que ocupan actualmente la tierra y
los residentes en las ciudades, lo hacen en base
a documentos sucesorios que muy pocas veces
guardan la legalidad establecida en la norma
civil 8 por lo que ocupan la tierra amparados
en informales acuerdos familiares –la mayoría
verbales - y sobre todo en la legitimación y reconocimiento
de la comunidad. Los casos más
extremos se refieren a personas que ocupan
la tierra sin haber logrado un arreglo familiar
lo que significa que la precaria tenencia de
la tierra está constantemente amenazada por
conflictos entre los familiares que reclaman su
derecho sucesorio. En ambos ejemplos el común
denominador es la inseguridad jurídica
sobre la tierra de miles de pequeños propietarios,
situación que se agrava para aquellos que
no consiguieron llegar a acuerdos familiares.
En estos casos el mantener derechos sobre la
tierra es un potencial foco de conflicto.
La ambigüedad sobre la aplicabilidad normativa
–entre lo formal y lo consuetudinario- para
8 Según el Código Civil boliviano, las personas que pretendan adquirir la propiedad de un bien deben seguir un procedimiento
que empieza con la obtención de un Certificado de Defunción del fallecido, posteriormente se debe tramitar
un Testimonio sobre la Declaratoria de Herederos ante un Juez Civil, finalmente, se debe obtener un Testimonio sobre
la División y Partición de Bienes donde se establezca la propiedad de la parcela a favor de uno de los herederos. Este
trámite debe realizarse cada vez que un bien debe ser trasferido vía sucesión.