Reconfigurando territorios

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FUNDACIÓN TIERRA
mente poseen y trabajan, en tanto el Servicio
Nacional de Reforma Agraria le dote, racionalmente,
de las que les corresponda de acuerdo
con las definiciones de la pequeña propiedad o
les compense con la explotación de tierras, que
les permita cubrir sus presupuestos familiares.
Este artículo supone el primer indicio del reconocimiento
de los derechos de propiedad
de la mujer pero en el marco de una serie de
condiciones. Un primer aspecto que debe considerarse
en este artículo es que es aplicable exclusivamente
a hombres y mujeres que fueron
sometidos al régimen de la hacienda, lo que
automáticamente descarta a los llamados originarios,
que como ya se dijo, recibían un título
de propiedad colectiva. Asimismo, el artículo
reconoce derechos de propiedad de las parejas
que hayan contraído matrimonio y consecuentemente,
admite la posibilidad de validar la
propiedad de la tierra de las viudas con hijos..
Si bien la distribución de tierras estaba dirigida
a beneficiar a la “unidad productiva familiar”
(Art 83), la titulación se hizo a nombre del “jefe
de hogar”, asumiendo que éste representaba
los intereses de la familia, y que al beneficiar
al hogar rural se beneficiaba por igual a todos
sus miembros. No se consideraron las jefaturas
femeninas ni el derecho de las mujeres casadas
a una participación equitativa (Urioste, 2002).
En la práctica las mujeres estuvieron sujetas
a esta lógica excluyente en la mayor parte de
las adjudicaciones de tierra bajo la Reforma
Agraria (Deere, 2000: 145). Es evidente que el
concepto del jefe de hogar varón, como principal
beneficiario de los programas estatales de
distribución y titulación de tierra, fue uno de
los principales mecanismos de exclusión de las
mujeres como beneficiarias directas en la Reforma
Agraria de 1953. Según datos proporcionados
por el INRA (1997), el porcentaje de titulaciones
a las mujeres entre los años 1956-1994 es
de 17,2% 3 (Salazar, 2003: 13). Esta referencia estadística
permite visualizar el primer resquicio
de voluntad estatal de reconocer los derechos
de la mujer y se logra a partir de lo descrito en
el Artículo 78 de la Ley de Reforma Agraria de
1953, con la aclaración de que fue un hecho absolutamente
restrictivo, al punto de que en la
práctica se beneficiaron a las mujeres casi “de
rebote” ya que lo prioritario era la protección
de la familia.
Es evidente que el número de mujeres beneficiarias
fue muy reducido y, por lo tanto, la Reforma
Agraria –que en teoría parecía ser neutral
en cuanto a género- llegó a las mujeres y a los
hombres en forma diferenciada (Salazar, 2003:
12) debido a que ese resquicio normativo no fue
algo que se diseñó y menos aplicó como una
prerrogativa jurídica a favor de las mujeres.
Resumiendo este periodo podemos afirmar
que las pequeñas concesiones que se le otorgó
a la mujer en la ley fueron pensadas para proteger
sobre todo a la familia. Asimismo es muy
claro que ésta posibilidad de amparo, se la diseñó
sólo para aquellas madres que tenían la
posibilidad de acceder a un reconocimiento de
propiedad individual excluyendo a las mujeres
solteras o mujeres casadas que no hayan tenido
hijos y que vivían en un contexto colectivo comunal.
Finalmente, es imprescindible apuntar
que la ley de 1953 garantizó el acceso a la tierra
para los campesinos en superficies iguales
o menores a la pequeña propiedad que para el
caso de los valles y altiplano del país significaba
recibir un máximo de 15 hectáreas. Este dato
es trascendental para entender cuál es la superficie
que podía ser transferida en los ciclos vitales
posteriores a este periodo.
1.2 Segundo periodo: La inclusión del tema
género en la redefinición de la Reforma
Agraria
“A mediados de los setenta -esto es, dos décadas
más tarde- la Reforma Agraria había sido aban-
3 Esta información requiere de una mayor depuración. Es probable, incluso, que el porcentaje de mujeres tituladas sea
mucho menos que el 17,2%.