Reconfigurando territorios

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FUNDACIÓN TIERRA
Sin embargo, en tierras altas y zonas de colonización,
si bien la TCO significaba la respuesta
a las demandas de derechos al territorio, no
coincidía con el sistema de tenencia y uso de
la tierra ya extendida en estas regiones. ¿Este
sistema es o se debería considerar colectivo o
individual?. Ciertamente no es una pregunta
reciente y si bien la Reforma Agraria de 1953
no respondió explícitamente, fue pragmática
a la hora de otorgar títulos colectivos o individuales
sin preocuparse por diferenciar los derechos
que otorgaba una u otra forma de propiedad.
La Ley INRA puso a los comunarios
en la disyuntiva de titulación colectiva (TCO
o Propiedad Comunaria) o, en su lugar, titulación
individual (solar campesino y/o pequeña
propiedad). Aunque en muchas zonas especialmente
del altiplano sur de antiguos ayllus y
comunidades, los comunarios se inclinaron por
la titulación de TCO, en general la reglamentación
de la Ley INRA hasta hoy no convence del
todo a la mayoría de las comunidades (Urioste
et al. 2006). En esta situación, la pregunta planteada
arriba recobra relevancia y la respuesta
ayudaría a diseñar normativas más adecuadas
sobre formas de propiedad de la tierra más coherentes
con la realidad y práctica de las comunidades
de las tierras altas.
En resumen, la propiedad entendida como un
derecho exclusivo o excluyente no ha sido un
obstáculo para la realización de los derechos
indígenas en tierras bajas pero no se ajusta al
sistema de tenencia y uso de la tierra de las
comunidades y ayllus de las tierras altas.
2. La Reconducción Comunitaria de 2006:
reforma de la Ley INRA
El 28 de noviembre de 2006 fue aprobada la Ley
3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma
Agraria, modificatoria de la Ley 1715. El
propósito fue básicamente corregir los vacíos
legales, imprecisiones y hasta contradicciones
de la Ley INRA que, según el diagnóstico del
gobierno, estaban provocando la paralización
del saneamiento de tierras. La modificación
también obedeció a la necesidad de ampliar
por siete años más los 10 años de plazo iniciales
para el saneamiento que vencía en octubre
del 2006.
La Ley de 2006 no modifica las formas de propiedad
vigentes desde 1996, por tanto, mantiene
el dilema de la exclusión entre la propiedad
colectiva o individual. Pero al mismo tiempo
inaugura un nuevo ciclo donde el proceso de
saneamiento y titulación es “reconducido” con
marcado énfasis hacia la titulación colectiva,
específicamente, la titulación de Tierras Comunitarias
de Origen (TCO).
Uno de los cambios sustanciales introducidos
fue la dotación de tierras de forma colectiva a
favor de los pueblos indígenas y originarios.
El artículo 59.II de la Ley 3545 indica que las
tierras expropiadas serán dotadas de oficio o
a solicitud exclusivamente a favor de pueblos
indígenas y/o originarios. Según la disposición
transitoria décimo primera, las tierras fiscales
disponibles también serán solamente para
la dotación colectiva. De este modo, el énfasis
en la titulación colectiva, concretamente en la
TCO, es la característica más sobresaliente de la
los resultados de la aplicación de la Ley de Reconducción
Comunitaria en los tres primeros
años de vigencia (2006-2008), resultados que
traducen la voluntad política del gobierno de
Evo Morales.
La decisión introducida en la Ley de anular la
dotación tierras fiscales a título individual, responde
a la decisión gubernamental de desfavorecer
cualquier posible intención o mecanismo
de privatización de la tierra. La exigencia
de que los beneficiarios fuesen comunidades
indígenas -no individuos- para recibir colectivamente
la propiedad de la tierra, en efecto
impide la creación de un mercado abierto de
tierras o su entrega a personas más interesadas
en especular y vender la tierra que en trabajarla
(Viceministerio de Tierras 2006). Pero,
por otro lado, esta medida entorpece nuevos
asentamientos humanos en tierras fiscales disponibles
o revertidas a favor de campesinos e
indígenas que viven en minifundio en las tie-