Reconfigurando territorios

RECONFIGURANDO TERRITORIOS 51
abriendo posibilidades de crédito” (Ley de Reforma
Agraria, 1953).
Para lograr este propósito, la Ley de 1953 conceptualizó
a la comunidad como “un grupo de
población vinculado por la proximidad de vivienda
y por intereses comunes, cuyos miembros debían
mantener entre si relaciones más frecuentes con
gentes de otros lugares, con el fin de satisfacer sus
necesidades de convivencia social” (Art. 122). El
término “indio” fué desplazado por el de “campesino”
con el propósito de establecer la base de
una nueva clase social. Desde la visión de los
legisladores de esa época, la comunidad debía
encajar “en el cambio de sistema de propiedad agraria,
de lo feudo-colonial, a la liberal-capitalista, para
provocar en el campo la formación, el surgimiento y
el éxito de empresas agrarias modernas, la comunidad
indígena no podía desentonarse de ese espíritu y
tenía que orientar su acción y su desarrollo hacia su
conversión en empresa moderna vía cooperativas”
(Urquidi: 1976: 11).
Está claro que la idea rectora del proceso era
solucionar el “problema del indio” planteando
las bases conceptuales para su transformación
en productor agrícola capaz de incorporarse
al mercado. Concordante con esta idea la Ley
de 1953 reconoce tres tipos de comunidad: La
comunidad de hacienda; la comunidad campesina
agrupada; y la comunidad indígena (Art.
123). Según afirma Arturo Urquidi, “las dos primeras
configuran, propiamente, comunidades rurales
de simple vecindario, cuyos vínculos emergen del
hecho de vivir en el mismo lugar, exteriorizándose
intereses locales y modos de existencia comunes. La
comunidad indígena, en cambio, caracteriza a los
agregados sociales gentilicios, que conservan aún los
vínculos aglutinantes del ayllu tradicional, y cuya
condición de sujetos de derecho sobre la tierra que
poseen colectivamente arranca desde los tiempos coloniales”
(Urquidi 1976: 28).
Los ideólogos de la Ley de Reforma Agraria de
1953, al establecer tipos de comunidades, partieron
del supuesto de que en una misma región
existían realidades sociológicas diferentes.
Es así que concibieron una norma que distinguía
por un lado a los indígenas, y por otro, a
los siervos de la hacienda. Esta idea sustentó la
fórmula que se aplicó en la titulación de tierras
en favor de comunidades. De esa forma a aquellos
indígenas que fueron identificados como
parte de una “hacienda” se les entregaron títulos
familiares-individuales y fueron retratados
como campesinos. Por otra parte, a los que fueron
reconocidos como indígenas, se les entregó
un título comunal registrado como propiedad
en lo pro-indiviso, dándoles la posibilidad de
que al interior puedan manejar los derechos de
propiedad conforme a sus tradiciones (Ley de
Reforma Agraria Art. 123).
Al establecer tipos de comunidades en una
misma región la Reforma Agraria provocó una
diferenciación que dio lugar a la instauración
de comunidades con diferentes derechos sobre
la tierra (originarios y de ex hacienda). Este aspecto
resulta absolutamente relevante cuándo
se trata de revisar cuáles eran las prerrogativas
normativas de la mujer indígena en este periodo
En el caso de las comunidades llamadas originarias
el Estado otorgó derechos de propiedad
a través de la figura de “restitución de tierras
usurpadas” (Ley de Reforma Agraria Art. 42)
de esa forma se entregaron títulos de propiedad
colectiva sobre la tierra donde los derechos
individuales debían regirse a normas propias
de cada organización, de tal manera que los derechos
de la mujer deberían regirse a esa jurisdicción
originaria. Para el caso de los indígenas
que entraban en la categoría de campesinos el
Estado les reconoció derechos de propiedad a
través de la figura de la “dotación” declarando
que:
Art. 78. Los campesinos que hubiesen sido sometidos
a un régimen de trabajo y explotación
feudales, en su condición de siervos, obligados y
arrimantes, pegujaleros, agregados, forasteros,
etc. mayores de 18 años, los casados mayores
de 14 años y las viudas con hijos menores, son
declarados con la promulgación del presente
Decreto, propietarios de las parcelas que actual-