Reconfigurando territorios

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FUNDACIÓN TIERRA
En estos términos se produjo la recuperación
de las tierras que habían sido usurpadas por la
Ley de Exvinculación de 1874. Fue un proceso
eminentemente andino, en tierras de las poblaciones
aymaras y quechuas del altiplano y los
valles interandinos (Urioste 2003). Las tierras
bajas, durante la primera mitad del siglo XX,
permanecieron inexploradas o poco conectadas
a la dinámica nacional. Las políticas postreforma
agraria promovieron la integración del
oriente y el norte boliviano, proceso que paulatinamente
visibilizaría la existencia de las naciones
y pueblos indígenas del norte, la amazonía,
el chaco –recién en la de´cada de los 90- y la
necesidad de que el Estado reconozca derechos
de propiedad sobre sus territorios.
Estos son los antecedentes y el contexto histórico
de este breve capítulo que revisa los sistemas
de propiedad colectiva o comunitaria de
la tierra reconocidos en nuestra legislación.
Es una revisión que busca indagar los esfuerzos
de ajuste y reclasificación de las formas de
propiedad colectiva o comunitaria que se han
dado para el reconocimiento y la realización de
las aspiraciones y necesidades de los indígenas
de tierras bajas y tierras altas. Limitaremos el
análisis al periodo 1996-2009 comenzando desde
un breve balance de los alcances de la Ley
INRA en esta materia y los efectos del proceso
de saneamiento de tierras. Luego abordaremos
las implicaciones de la principal reforma introducida
a la Ley INRA en 2006 y finalmente exploraremos
el nuevo escenario planteado a partir
de la nueva Constitución Política del Estado.
El supuesto principal es que las definiciones y
clasificaciones jurídicas vigentes requieren de
ajustes para que respondan de mejor manera a
la realidad de las comunidades indígena originaria
campesinas.
1. La orientación de la Ley INRA de 1996
La Ley 1715 de 1996 (Ley INRA) clasifica la
propiedad agraria privada en dos grandes
grupos: individuales y colectivas. Esta clasificación
general no fue nueva y se mantuvo en
las posteriores reformas normativas. Dentro
de las propiedades individuales (que incluyen
copropiedades) la Ley de 1996 reconoce
cuatro formas de propiedad: el solar campesino,
la pequeña propiedad, la mediana propiedad
y la empresa agropecuaria. Mientras que las
propiedades colectivas están conformadas por
dos y éstas son la Tierra Comunitaria de Origen
(TCO) y la Propiedad Comunaria.
Las formas de propiedad reconocidas dentro
de cada uno de los dos grandes grupos, son
algo distintas a las que el Consejo Nacional de
Reforma Agraria (CNRA) aplicó hasta antes de
1996. Por eso la Ley INRA se obliga a sí misma a
no anular los títulos emitidos con anterioridad
durante el proceso de saneamiento y aplicación
de las nuevas formas de propiedad. El ya desaparecido
CNRA había entregado tanto títulos
de propiedad individual, propiedad proindiviso
por tierras comunales (áreas comunes, pastoreos)
como títulos de propiedad colectiva para
las comunidades. Después de cerca de 40 años
de aplicación de la legislación de 1953, la Ley
INRA se encontró con una situación compleja:
los tres tipos de títulos coexistían de modo tal
que un comunario había recibido un título de
propiedad individual de sus parcelas, también
poseía títulos proindivisos que le otorgaban
derecho y acceso a las tierras comunales y, en
muchos casos, junto con otros miembros de su
comunidad, adicionalmente se beneficiaba con
un título de propiedad colectiva que no le daba
acceso a otras tierras sino revalidaba sus propiedades
en el marco de un derecho comunal.
Esta simultánea titularidad de una persona con
tres formas de propiedad probablemente no fue
fruto de una intencionalidad jurídica explícita
ni fue la situación predominante, pero parece
haber respondido a la realidad del sistema de
tenencia y uso de la tierra de las comunidades
de las tierras altas.
La Ley INRA, el Estado de derecho positivo
y sus juristas se propusieron algo más obvio:
la propiedad sobre las tierras se otorga individualmente
o de forma colectiva. Se aplicó el
principio jurídico de que la propiedad es un
derecho exclusivo o excluyente en el sentido de