Sexualidad y Política en América Latina - Sexuality Policy Watch

dimensión fundamental para la sanción y efectiva vigencia de los derechos sexuales
y reproductivos 87 .
Sin embargo, el accionar de la Iglesia no puede reducirse solamente a un
problema de falta de separación entre Iglesia/Estado, de insuficiente laicidad, o
incompleta secularización. Aun si esta separación fuera perfecta, esto no significaría
que la Iglesia renuncie a ser un actor público influyente. Al contrario, a la
vez que la Iglesia acepta la laicidad como regla del juego democrático se reinscribe
como actor político haciendo un llamamiento al bien común de la sociedad. En
este rol, la Iglesia dice no defender una doctrina particular ni a un grupo particular
de personas (sus fieles), sino a la moralidad pública de la sociedad civil y
apela en esta lucha a la ciudadanía más allá de sus creencias. Como actor político
sostiene que frente a temas como el casamiento de personas de un mismo sexo o
la despenalización del aborto “la Iglesia tiene la responsabilidad de promover la
moralidad pública de toda la sociedad civil sobre la base de los valores morales
fundamentales, y no simplemente protegerse a si misma de la aplicación de leyes
perjudiciales” 88 .
La Iglesia Católica inició el proceso de inscripción en la sociedad civil y de
separación del Estado a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) que implicó
una nueva política al aceptar la modernidad y el pluralismo, y reafirmar su rol
como actor público. La separación del Estado y la libertad religiosa no significó la
privatización de la Iglesia ni de sus fieles 89 . Al contrario, una vez que temas sobre
sexualidad entran a la agenda pública –en gran medida impulsados por los movimientos
feministas y por la diversidad sexual– la Iglesia Católica escoge participar
en los debates para evitar la sanción de derechos sexuales y reproductivos. La Iglesia
se constituye en parte interesada y se moviliza políticamente para influenciar a la
opinión pública y a los representantes de los poderes del Estado encargados de sancionar
dichos derechos. A través de documentos oficiales, cartas a legisladores o el
uso de los medios de comunicación masiva, la jerarquía de la Iglesia católica sienta
su posición como una manera de influir en las discusiones públicas. Estas influencias
se vuelven palpables sobre el ejecutivo y el legislativo al momento de discutir los
derechos sexuales y reproductivos. Sirvan como ejemplo, las cartas que los obispos
católicos suelen enviar a legisladores en relación a estas temáticas o, inclusive, las
instrucciones del Vaticano a los legisladores católicos de cómo deben votar respecto
87 Para un análisis comparativo, ver Htun (2003) y Claudia Dides (Comp.) (2004).
88 Congregación para la Doctrina de la Fe (1992) “Consideraciones para la respuesta católica a propuestas legislativas
de no discriminación a homosexuales”.
89 Ver José Casanova (1994) quien propone el concepto de “desprivatización” de las religiones para analizar este
fenómeno.
Sexualidad, religión y política en América Latina – Juan Marco Vaggione
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