Sexualidad y Política en América Latina - Sexuality Policy Watch

como “victimas” (Da Silva y Blanchette 2005; Grupo Davida 2005). En algunas
medidas policiales contra el tráfico en Europa, las supuestas “victimas” del crimen
– mujeres trabajando en la industria sexual, incluso algunas que negaron haber sido
traficadas – lejos de ser protegidas por la ley, fueron deportadas como “ilegales”
(Piscitelli 2008).
Articulación en torno a organismos supranacionales
Como muchos de estos procesos demuestran, los conflictos entorno a la
política sexual se están articulando simultáneamente a nivel local, nacional e internacional.
En el sistema de las Naciones Unidas, la participación de activistas
latinoamericanos/as por derechos sexuales ha tenido dos vertientes principales. Por
una parte, feministas y activistas LGBT, particularmente activistas lesbianas, han
presionado por el reconocimiento de los “derechos sexuales” y el concepto de “salud
sexual” en conferencias y cumbres de la ONU, especialmente a partir de los años
1990, con la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo (1994) y la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995); los procesos de revisión
de sus plataformas de acción; y La Conferencia Internacional Contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia (2001)
(Corrêa 1997, Careaga y Jiménez 1997, Petchesky 2003). Por otra, activistas de
VIH/sida, LGBT, trabajadoras sexuales y otros grupos particularmente afectados
por la epidemia han avanzado una visión de la salud como cuestión de derechos
humanos en la Sesión Especial sobre VIH/SIDA de Asamblea General de las Naciones
Unidas (2001) y los procesos de revisión de su Declaración de Compromiso.
En ambos casos, las y los activistas entraron a la arena global para disputar visiones
biomédicas reduccionistas, en el primer caso, enmarcando la salud de la mujer
dentro de políticas de planificación familiar neomalthusianas ligadas a proyectos
de desarrollo; y, en el segundo, estigmatizando a los llamados “grupos de riesgo” y
personas viviendo con VIH/sida y sometiendo el acceso a medicamentos a los cálculos
de costo y beneficio del mercado. No cabe duda de que, en ambos casos, se
logró ampliar estas visiones estrechas con nociones más integrales de la salud, legitimar
el concepto de “derechos sexuales” dentro de un marco de derechos humanos
y resaltar la importancia de incluir a los grupos directamente afectados por políticas
públicas en su formulación. En muchos países, la preparación para estos eventos
fomentó una movilización importante a nivel nacional, sus logros formales han
creado un marco simbólico que ha sido apropiado y desplegado selectivamente al
avanzar de agendas locales. También es importante reconocer, sin embargo, que el
acceso a estos organismos es selectivo y que estas trayectorias también han reforzado
la ONGización del activismo y asimetrías al interior de movimientos nacionales
(Alvarez et al. 2002).
Sexualidades y políticas en América Latina – Mario Pecheny e Rafael De la Dehesa
61