Sexualidad y Política en América Latina - Sexuality Policy Watch

quistaron el voto prácticamente en toda la región en la primera mitad del siglo
XX. Cabe recordar que los procesos que llevaron al sufragio femenino adulto no
estuvieron libres de contradicciones. En algunos países, fueron los progresistas de
principios del siglo XX quienes se opusieron a él, argumentando que las mujeres
podrían ser influenciadas por sus confesores y/o invocando argumentos republicanos
vigentes para esos años, por ejemplo, en Francia, que consideraban que el
sufragio femenino reintroduciría la voluntad particular en la proclamada voluntad
general rousseauniana, percibida no como masculina sino como universal. En
tiempos de conquistas de derechos sociales, numerosas normativas permitieron la
equiparación relativa de mujeres y varones – aunque quizá en todos los casos esto
haya sido desde una condescendiente visión que dejaba intacta la distinción entre
roles naturales previstos para cada sexo, distinción que supone un sexo débil, asociado
a la maternidad, que el Estado puede en el mejor de los órdenes, proteger. Los
avances sociales y los procesos modernizadores (según modelos de clases medias)
desembocaron en décadas sangrientas en varios países, donde regímenes autoritarios
y dictaduras militares intentaron restaurar las distancias jerárquicas de clase,
género, etnia, y generación que estaban siendo cuestionadas por muchos sectores
sociales.
Las violentas dictaduras dieron lugar a las llamadas transiciones democráticas
de los años 1980. Las luchas contra las dictaduras, tanto internas como desde
los exilios, trajeron consigo una revalorización del Estado de Derecho, del lenguaje
de los derechos humanos, de la democracia y política formales, y de la noviolencia.
Estos procesos coincidieron con la constitución de una agenda trasnacional
sobre “la violencia contra la mujer” y de equidad de género. Es así que en
los años 1980 y 1990, la transición a regímenes democráticos y su consolidación
(aun en contextos neoliberales y de reforma del estado) dieron lugar a rápidos
(aunque en algunos casos como Chile, muy conflictivos o limitados) procesos de
reforma del derecho civil, de pareja y familiar: igualdad de hijos matrimoniales
y extra-matrimoniales y reformas de las leyes de matrimonio, patria potestad,
y “adulterio”. El divorcio constituye en países como Argentina y Chile (donde
solo se reconoce legalmente en 2004) un tema de “modernización” y democracia.
Aparecen también como cuestiones políticas la violencia familiar, doméstica
y conyugal, el acoso sexual, y las edades de consentimiento. Todas estas y muchas
otras cuestiones redefinen las relaciones en el marco de las heterosexualidades, en la
dirección (inconclusa pero clara) de la equiparación civil entre mujeres y varones.
(Ver los panoramas organizados por Vianna y Lacerda 2004, en Brasil; Petracci y
Pecheny 2007, en Argentina; Dides et al. 2008, en Chile; Dador et al., en prensa,
en Perú).
En estos procesos un actor clave ha sido y es la Iglesia católica. Sistemáticamente
se ha opuesto a cualquier modificación del orden jerárquico y fuertemente
Sexualidades y políticas en América Latina – Mario Pecheny e Rafael De la Dehesa
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