Sexualidad y Política en América Latina - Sexuality Policy Watch

diendo de una lectura crítica de los contextos de poder en que prácticas simbólicas
(e identitarias) se producen y circulan. Lo importante aquí no es desechar la “diversidad
sexual” u otros discursos si no llegar a una conciencia crítica de sus posibilidades,
peligros, y límites en situaciones particulares.
Más allá de las posibilidades y límites de estrategias discursivas específicas,
también pueden plantearse interrogantes acerca de si, cuándo y cómo sea siquiera
deseable involucrarse con el estado, dada la cristalización que ocurre cuando normas
informales se traducen en políticas públicas y dado el hecho de que el reclamo
de derechos sexuales en la arena pública formal a veces implica introducir nuevos
campos de visibilidad y control social.
La legislación en materia de identidad de género avanzó en varios países bajo el
impulso de los movimientos trans, por ejemplo para permitirse la modificación del
nombre y género en la documentación, usualmente dependiendo de un diagnóstico
médico de “trastorno de identidad de género” y de la intervención quirúrgica de los
genitales. Se requiere así a los individuos que se hagan visibles al estado a través de
una categoría diagnóstica patologizante, que se vuelve la única puerta de entrada
para poder reivindicar sus derechos sexuales (Park 2007). El requerimiento de la
cirugía, además, refuerza el binarismo de género y la ecuación estrecha entre género
y genitales, exigiendo, como lo plantean Cabral y Viturro (2006), el cuerpo sexual
y reproductivo como precio de acceso a la ciudadanía. Dinámicas parecidas están en
juego en la regulación del trabajo sexual a través de credenciales sanitarias requiriendo
pruebas periódicas de VIH e ITS. Aunque tales medidas permiten cierto
reconocimiento legal, generalmente presuponen una visión estrecha de la población
que regulan, principalmente como portadores de enfermedades a ser controladas/
os. En ambos casos, el gran reto para activistas es despatologizar las identidades que
sirven como puertas de entrada al estado e incorporar una visión más democrática
e integral de servicios de salud.
Finalmente, el recurso de los activistas al derecho penal también plantea cuestiones
importantes, especialmente en un momento histórico en que las poblaciones
encarceladas están creciendo exponencialmente en la región y la seguridad se ha
vuelto la principal divisa de la derecha (Nuñez Vega 2005). Sin desconocer la importancia
de los esfuerzos para enfrentar la discriminación y violencia sexuales y
contra las mujeres, Correa (2008) justificadamente nos advierte que una comprensión
de los derechos sexuales como derechos a castigar entraña el riesgo de restablecer
una estática visión moral de las sexualidades, el placer y el deseo, y al menos
merece una mayor reflexión de la que ha desarrollado el activismo y sus aliados. En
este mismo sentido, buscando problematizar la “incansable búsqueda del remedio
legal” por activistas a través de medidas contra el discurso de odio – incluidas en
varios proyectos antidiscriminatorios en debate actualmente en América Latina – la
teórica feminista Judith Butler (1997) advierte acerca de los peligros potenciales de
Sexualidades y políticas en América Latina – Mario Pecheny e Rafael De la Dehesa
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