Descarga archivo PDF (20MB) - Biometría

y mentales y las posibilidades de la inclusión y desarrollo social y digital. No sumarse a las
tecnologías, en los avances que propone, sería negar los beneficios que redundan al Estado en
su conjunto y a la sociedad toda.
Hoy, pensar en la cuestión penal es también pensar en la inclusión social y en la igualdad de
oportunidades. Esta es la verdadera reinserción. No tendremos posibilidades de socializar, no
podremos reinsertar sino trabajamos en la inclusión social. No habrá política de reinserción
social exitosa que pueda ser llevada con éxito por el Servicio Penitenciario Federal si no nos
adaptamos a los cambios tecnológicos y culturales del mundo en que evoluciona.
La cuestión del acceso a las nuevas tecnologías de la información se ha instalado en el imaginario
social, independientemente de la condición socio-cultural, como una necesidad indiscutible,
que día a día profundiza más el abismo entre quienes acceden y quiénes no.
Existe un íntimo y profundo convencimiento que si no se poseen los conocimientos para utilizar
y convivir con una computadora, en el futuro se va a quedar marginado de todos sus beneficios,
lo que a su vez va a marcar una profunda diferenciación social entre los que tienen acceso y los
que no lo tienen.
En este sentido, el Gobierno Nacional lleva algunos años trabajando en la Agenda Digital
Argentina, un plan de mirada federal promovido por el Gobierno Nacional, que se propone
dar direccionalidad estratégica al uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) para generar mayor inclusión y fomentar el desarrollo.
Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como
un “derecho humano” altamente protegido. En una declaración sin precedentes, la organización
estableció que los gobiernos de todas las partes del globo tendrán la obligación de facilitar un
servicio “accesible y asequible para todos” y deberá de ser una prioridad asegurar la conexión
a internet.
Entre otras cosas, la ONU establece que impedir el acceso Internet es una violación del artículo
19, párrafo 3, del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y sostiene que los
Estados deben asegurar el acceso a Internet a todos los segmentos de la población. Ese pacto,
está garantizado en nuestra Constitución.
Pero no es menos cierto que nuestra tarea, también consiste en coadyuvar al mantenimiento
de la seguridad de la Nación e impedir la comisión de delitos con estas nuevas tecnologías, de
modo que deberemos estudiar los mecanismos para evitarlos, teniendo presente el mandato
Constitucional de que se aplique la mínima restricción posible al flujo de información por
Internet.
Hemos estado evaluando largamente el problema y contestes con el pensamiento oficial,
hoy crece el temor en el seno del SPF de que la falta de interacción con las computadoras se
convierta en un nuevo factor de exclusión social y como tal, limite o dificulte aún más nuestra
tarea, que no es otra que trabajar por la reinserción y resocialización del interno.
BIOMETRÍAS 2 199