Descarga archivo PDF (20MB) - Biometría

Art. 1.012. La firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo
forma privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales de los nombres o
apellidos
El Código contempla el principio de libertad de las formas para los actos jurídicos celebrados
por instrumentos privados.
Art. 1.020. Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden
formarlos en el idioma y con las solemnidades que juzguen más convenientes.
El Código Civil prevé el repudio del acto, habilitando al signatario a desconocer el contenido del
mismo, mediante los elementos probatorios que considere convenientes, excepto el de testigos.
Art. 1.017. El signatario puede, sin embargo, oponerse al contenido del acto, probando que las
declaraciones u obligaciones que se encuentran en él, no son las que ha tenido intención de hacer
o de contratar. Esta prueba no puede ser hecha con testigos.
En síntesis, la introducción del concepto de autenticación electrónica que promueve el Marco
e-ID Social, nos permite ir distinguiendo la diferencia entre el proceso de identificación de una
persona en un entorno digital, y el acto de firmar un documento. La firma de un documento,
tanto en un soporte papel como digital, es un acto de manifestación de la voluntad de una
persona que expresa su consentimiento con el otorgamiento de un determinado acto jurídico.
La autenticación electrónica, por el contrario, es un estadio previo, en el cual la persona se
presenta ante un sistema y acredita su identidad. No manifiesta su voluntad, ni expresa su
consentimiento con acto jurídico alguno.
El Marco e-ID Social es un importante avance. Establece una matriz común para iniciar el diálogo
que facilite el reconocimiento mutuo de identificadores electrónicos, y el recorrido de un
camino coherente en materia de identificación de personas. Nuestros países están avanzando
en lograr superar la brecha digital, mediante acciones efectivas en materia de inclusión social.
Se presenta entonces un nuevo escenario en el cual la identificación de personas es un requisito
impostergable para lograr la ejecución eficaz de las políticas públicas de inclusión. Al mismo
tiempo, el aumento de usuarios de las TIC que se está logrando gracias a los programas de
inclusión digital educativa y de ampliación del acceso a medios electrónicos nos pone frente al
desafío de prepararnos para un aumento de la demanda de servicios digitales. Ello implica lograr
mecanismos de autenticación electrónica ágiles y a la vez seguros.
Sería deseable que las normas nacionales se inspiren en este Marco Iberoamericano, así como
los acuerdos que se logren respondan a esquemas internacionales, es decir, abreven en fuentes
comunitarias o tratados internacionales que fijen criterios mínimos comunes, con un enfoque
tecnológicamente neutro que las dote de la capacidad de mantener su vigencia a pesar del
constante avance tecnológico (LORENZETTI, 2001), (RIVOLTA; 2008).
El Marco e-ID es un primer paso.
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