Descarga archivo PDF (20MB) - Biometría

disposiciones del Código Civil, con el objetivo de facilitar el uso de medios digitales para la
realización de transacciones, tanto entre particulares como por parte de los organismos del
Estado. (BUGONI, RIVOLTA; 2007), (RIVOLTA; 2008), (RIVOLTA; 2010)
La Ley N° 25.506 incorpora el concepto de documento digital, equiparándolo con el concepto
de documento tradicional en soporte papel, aclarando que el documento electrónico satisface
el requerimiento de escritura que los códigos tradicionales incluyen. Reza la Ley:
ARTÍCULO 6º — Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital
de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o
archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.
Respecto de la firma, la Ley N° 25.506 incorpora dos conceptos: la firma electrónica y la firma
digital. (MASON, 2006). Ambas especies de firma son válidas, de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley. Más precisamente, existe una amplia gama de alternativas para la firma electrónica, que van
desde un simple correo electrónico, el uso de tecnologías de clave pública compartidas (PGP),
el uso de palabras clave basadas en criptografía simétrica, hasta el uso de tecnología de clave
pública basada en certificados digitales emitidos por una entidad de certificación que no se
encuentre licenciada por la autoridad pública. Una firma digital que utilice criptografía asimétrica
y tecnología de clave pública, puede ser considerada como una firma electrónica, tanto como
la mera inclusión del nombre como parte del texto de un mensaje de correo electrónico, en la
medida que el firmante haya ejecutado o adoptado el símbolo con la intención de firmar, esto
es, como declaración de voluntad respecto del contenido del mensaje. (RIVOLTA, SCHAPPER,
2004).
La diferencia entre una firma electrónica y una firma digital, desde el punto de vista jurídico,
radica en la carga de la prueba de su validez. En el artículo 5º la Ley define como firma electrónica
“al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros
datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de
alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la
firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.”
La firma digital es aquella que se basa en certificados digitales emitidos por una autoridad
certificante habilitada por la Autoridad de Aplicación de la ley. El artículo 2 define como firma
digital al “resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere
información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto
control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha
verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración
del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser
utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia
con estándares tecnológicos internacionales vigentes.”
La Ley otorga una fuerza probatoria superior a la firma digital respecto de la firma electrónica.
Le asigna dos presunciones iuris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario. En efecto, el
artículo 7º dispone que un documento firmado digitalmente goza de la presunción de autoría
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