Manual de Psicologia Criminal

UTILIDAD PRÁCTICA DE LA PREDICCIÓN DE LA VIOLENCIA:
Cuando se analiza en términos globales este sector de la
investigación, se constatan dos limitaciones importantes: en primer lugar,
una gran heterogeneidad, dispersión y aislamiento de las temáticas tratadas
y de las metodologías utilizadas; en segundo término, el carácter
preponderantemente exploratorio y descriptivo de la mayoría de los estudios,
que suelen limitarse a informar de cierta problemática (p. ej., la violencia
juvenil en un determinado barrio o ciudad) sin derivar prescripciones
específicas para el control o la reducción del problema en cuestión. En
general existe una muy escasa vinculación –con algunas excepciones- entre
la investigación básica sobre violencia y las prácticas y rutinas más
frecuentemente utilizadas para su abordaje.
Frente a esta situación, en el terreno aplicado, las instituciones y
agencias educativas, de servicios sociales, y de justicia –tanto de ámbito
local, como regional o estatal- se enfrentan a retos operativos específicos, a
saber: conocer los factores concretos que se vinculan a determinados
comportamientos violentos para, en la medida de lo posible, anticipar el
riesgo de que se produzcan y poder prevenirlos de maneras más eficientes.
Los ejemplos pueden ser muy variados. Veamos algunos:
En las escuelas (especialmente en ciertas edades -como el inicio de
la adolescencia- y determinados contextos –ciertos barrios de las ciudades-)
los docentes necesitan evaluar el riesgo de violencia de algunos de sus
chicos y tomar la iniciativa al respecto; sin embargo, el sistema escolar –y
sus profesionales: directores de colegios, maestros, pedagogos,
psicólogos...- carecen por lo común de instrumentos predictivos específicos
y de programas de prevención e intervención adecuados.
Algo semejante acostumbra a suceder en los servicios sociales
primarios y especializados (p. ej., protección a la infancia). Incluso los
servicios e instituciones finalistas en el control de la violencia (como
juzgados de menores, juzgados penales, centros de reforma juvenil y
prisiones) no suelen disponer de la tecnología necesaria para acometer
estas tareas de una manera sistemática y efectiva.
Por ejemplo, cuando frente a un caso de violencia doméstica, un juez
debe decidir acerca del encarcelamiento o la libertad provisional de un
agresor, en función del riesgo de nuevas conductas de maltrato, con gran
frecuencia debe hacerlo en el vacío de información técnica al respecto. Más
allá de la buena voluntad y la experiencia de los profesionales que trabajan
en estos sectores (juristas, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) son muy
escasos los instrumentos y procedimientos disponibles para llevar a cabo
eficazmente las tareas de predicción y prevención. Las múltiples funciones a
las que deben atender estos profesionales y el frecuente desconocimiento
de los resultados de la investigación en la materia dificultan enormemente
sus posibilidades de acción.
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