Año 12, t. 16, entrega 1 (1905) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad 115
de la soberanía popular y su delegación en órganos politi
eos dotados de funciones divididas y precisas.
Nuestra Constitución ha determinado expresamente cuáles
son las atribuciones del Poder Ejecutivo; le ha facultado para
dictar reglamentos en ejecuciÓD de la ley y aun en el silencio de
ésta en algunos casos taxativamente determinados, pero no le ha
dado ninguna autorización general para proceder en ese
mismo silencio y, por consiguiente, es indudable que no la
tiene. Por eso, el único modo de que puede llenar el vacío
legislativo en los casos que antes hemos mencionado, es por
medio de una autorización legal que le ponga en condicio
nes de cumplir sus cometidos constitucionales de ejecutor de
la ley. Es lo que hace nuestro artículo.
Será esa una delegación legislativa ó no, según lo que
decimos en la nota del articulo 260; pero aun cuando lo sea,
no podría eso alarmarnos, dados los fundamentos, el sen
tido y el alcance que á aquélla hemos atribuido en la nota
del artículo precitado; después de todo, la ley y el reglamento
no son figuras geométricas de contornos perfecta
mente delineados; la Constitución no dice dónde termina
la primera y dónde comienza el segundo, ni de un
modo preciso lo ha dicho nadie todavía ni se dirá jamás;
de manera que es un punto que en todos los casos queda
librado á la apreciación legislativa.
6.—Establecida la necesidad de que la Administración
tenga los medios de suplir la ausencia de disposición legislativa
expresa, el artículo determina cuáles son ellos, en una
forma que no puede ofrecer dificultad alguna. El agregado final
que se observa, comparándolo con el artículo 143, se explica
perfectamente después de lo que dejamos dicho, dado que puede
presentarse el caso de hacer ensayos sobre los principios á
aplicarse y cuya iniciativa tiene forzosamente que confiarse
á la equidad y discreción administrativas, únicos medios de
determinar entonces las reglas á ensayarse.
7. —Queda todavía otra cuestión á resolver, y es la relativa
á la extensión que ha de darse á la disposición que
anotamos. ¿Las Administraciones inferiores podrán ejercer