Año 12, t. 16, entrega 1 (1905) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

94 Anales de la Universidad
lidad de los actos administrativos, y seria dañosa en la
práctica, porque pueden haber muchas razones de interés
general que obliguen á revocar una deliberación. Debe, por
el contrario, admitirse que la revocación debe siempre poder
hacerse observando las formalidades del artículo 272,
entendiéndose, no obstante, que ella no perjudica los derechos
que los terceros hayan adquirido de la deliberación revocada,
y los cuales se podrán hacer valer ante los tribu*
nales ordinarios".
Por su parte el profesor Cammeo se expresa en los siguientes
términos:
" Se discute si tales actos son absolutamente irrevocables
ó si son revocables salvo el respeto debido á los derechos
adquiridos. Según la primera teoría, la revocación sería nula,
y aun á los simples efectos administrativos el interesado
podría pretender conservar de hecho la posesión y hasta el
goce de su derecho; así el concesionario de agua conservaría
la presa de derivación, el empleado el puesto, etc. Según
la otra teoría, la revocación sería válida y produciría
legalmente el efecto de privar al interesado de la posesión
y el goce efectivo de su derecho, que lo conservaría tan
sólo para hacerlo valer judicialmente á los efectos de la
indemnización del daño.
"Por regla general debe aceptarse la primera teoría. En
consecuencia, los actos administrativos que han creado derechos
son irrevocables, y su revocación es nula aun á los
efectos administrativos ó sea en cuanto se refiere á la posesión
y al goce de todas las ventajas inherentes al derecho
que contra la Administración fuese invocado. Sólo, pues, excepcionalmente
puede admitirse que los actos que hayan generado
derechos, puedan revocarse válidamente con la simple
salvedad del resarcimiento pecuniario del derecho mismo
; es cuando al derecho lesionado corresponda en la Administración
una obligación consistente en hacer ó no hacer,
cuyo cumplimiento ocasionase grave lesión de la discrecionalidad
de la acción de los órganos administrativos y
un sensible perjuicio á los intereses públicos. El caso es análogo