Año 12, t. 16, entrega 1 (1905) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

'^ 6 Anales de la Universidad
En nuestro cuerpo de leyes no tenemos, como los argentinos, por
ejemplo, en su ley de Contabilidad, una definición que pudiéramos
llamar legal, del presupuesto general. Nuestra Constitución sólo hace
referencias accidentales en su artículo 17, inciso 4.°. Al tratar'de lus
facultades de la Asamblea General dice que á ella compete aprobar
ó reprobar, aumentar ó disminuir los presupuestos de gastos que presente
el Poder Ejecutivo; establecer las contribuciones necesarias
para cubrirlos, su distribución, el orden de su re^iaudación ó inversión;
y suprimir, modificar ó aumentar las existentes. Más adelante,, en el
artículo 46 faculta á cada una de las Cámaras para fijar susgagtos
anuales, avisando al Poder Ejecutivo para que los incluya en el presupuesto
general. Y en el artículo 82, al tratar de las atribuciones del
Presidente de la República, dice que debe presentar anualmente á la
Asamblea el presupuesto DB GASTOS del año entrante y dar cuenta instruida
de la inversión hecha el año anterior.
Fuera de estas disposiciones nada hay en nuestra carta fundamental
que se refiera directamente al presupuesto; pero esas mismas referencias
son incompletas bajo todos los aspectos que pudieran servirnos
para poner de manifiesto cuál era el verdadero concepto que tuvieron
los Constituyentes sobre tan importante materia financiara. En
las actas de la Asamblea General Constituyente y Legislativa del
Estado hallamos un primer indicio sobre este tópico al discutirse, en
la sesión del 25 de enero de 1829, la minuta de decreto creando tres
oficinas generales para la administración, recaudación y conservación
de las rentas públicas en la Provincia Oriental, á saber: una Contaduría
que liquide todas las acciones activas y pasivas, que intervenga en
todas las rentas y pagos del Tesoro, que arregle y metodice el establecimiento
y cobranza de los impuestos directos é indirectos; una
Receptoría General por la que se recauden todos los impuestos directos
é indirectos, y una Tesorería General que conserve el Tesoro público
de la Provincia. En el artículo 2." de dicha minuta de decreto se
establece que el Gobierno Provisorio propondrá á la Asamblea General
el número de empleados de que hayan de componerse dichas
tres oficinas, y sus dotaciones. El señor Ministro de Hacienda al
proponer dicho artículo dijo que el mismo Gobierno no podrá saber
el número de empleados de que deba componerse el establecimiento
proyectado, ni la dotación que puede ser bastante, y que, por lo mismo,
cree que todos los nombramientos que se hagan serán en comisión,
hasta tanto que hecho de los mejores conocimientos pueda decir
con seguridad los que considere indispensables, teniéndose siemprepresente
que el Gobierno será escrupuloso en guardar la mayor economía.
Que cuando llegue el caso de presentar EL PRESUPUESTO, entonces
vendrá én él detallado el número de empleados y sus dotaciones,
pues para hacerlo en el momento se vería atado para resolver.