Año 12, t. 16, entrega 1 (1905) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad 61
de casos no admite más determinación precisa que la indicada
en el artículo á que nos referimos, y es más
necesaria aún tratándose de asuntos que no se encaran sino
del punto de vista de las relaciones del interés privado con
el público. Siendo la Administración la encargada de mantener
y organizar esas relaciones, asegurando siempre la necesaria
prevalencia del interés público sobre el privado, lógico
es que cuando la ley no le haya indicado los medios
de instrucción á seguir, sea ella dueña de adoptar los
que considere más acertados para el mejor desempeño de
aquella función reguladora. Si esos medios coinciden con
los indicados ó solicitados por el reclamante, no habrá dificultad
alguna, y si no coinciden, como serán siempre los que
la Administración considere más oportunos, se habrá ganado
tiempo y seguridades de acierto, sin perjuicio alguno para
la otra parte, que si considera la instrucción deficiente, tendrá
siempre derecho á la ampliación que le acuerda el articulo
335.
Se objetará, tal vez, que desde que el interesado puede insistir
en su prueba y ésta debe decretarse por vía de ampliación,
habría sido mejor concederle el derecho de que se
diligencie desde el primer momento, sin perjuicio de que si
la Administración la considera insuficiente la complete luego
de oficio á semejanza de lo que ocurre en materia judicial
con los autos para mejor proveer. Pero á esa objeción con
testaríamos que aún cuando el resultado fuese el mismo con
uno ú otro procedimiento, es más lógico el adoptado por el
proyecto; es más razonable darle á la Administración la facultad
de dirigir la instrucción por las razones que indicamos
más arriba y que la colocan en una condición
distinta de la que tienen los particulares y el Juez en
materia judicial, por lo menos en materia Judicial civil. En
este caso hay dos partes que alegan y discuten los derechos
de que se creen asistidas y cuya existencia están obligadas
á probar, siendo además ellas las que pueden saber cuáles
son los medios de que pueden disponer para hacerlo, limitándose
la función del Juez á darle la razón al que más ha-