Año 12, t. 16, entrega 1 (1905) - Publicaciones Periódicas del Uruguay

Anales de la Universidad 95
al del derecho civil, en el cual la obligación consistente en
un hicer infungible, se resuelve en una obligación de dar".
Como se ve, hay uniformidad de opiniones en cuanto íí
que la irrevocabilidad no rige cuando á ella se oponen graves
razones de interés público, lo que, por otra parte, también
concuerda con lo que respecto de la inaplicación de las
sentencias establece el artículo 179 de este Código, concordante
á su vez con el artículo 84 de la ley española de lo
contencioso administrativo.
Y no puede ser de otro modo. Podrá discutirse sí el interés
público es ó no compatible con un derecho dado, y
para resolver con acierto ese punto podrán adoptarse todas
las garantías que se consideren necesarias; pero demostrada
aquella incompatibilidad, no puede ser resuelta sino en una
forma conciliatoria que permita la defensa de aquel interés,
aunque con la justa compensación por el sacrificio que aquella
defensa imponga al derecho sacrificado,
4.—Queremos ahora hacer una observación respecto del otro
caso, ó sea de aquel en que la revocación no es tan imperiosamente
exigida. Como hemos visto, dice Cammeo, que
como regla general debe aceptarse el principio de la irrevocabilidad
absoluta, de manera que el interesado será re
puesto en la posesión y goce de su derecho. Pero aún admitiendo
que ese fuese el principio, no se ve cómo podría
hacerse efectivo en todos los casos, pues si no hay una autoridad
administrativa superior, tampoco habría quien restablezca
las cosas en su primitivo estado, desde que, como
sabemos, los Tribunales no hacen sino pronunciar la sentencia
de ilegalidad, pero carecen de imperio sobre la Administración
Los italianos han resuelto la dificultad con el recurso
ante el Consejo de Estado para obtener el cumplimiento
de la obligación impuesta á la autoridad reclamada,
de ajustarse en cuanto al caso resuelto al fallo de los Tribunales
por el cual se reconozca la violación alegada. Pero
no siendo posible que funcione en nuestro régimen constitucional
ese Consejo de Estado con autoridad superior al Poder
Ejecutivo, el resultado será que en tales casos la irre-