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86 POLÍTICA ECONÓMICA. 3. a EDICIÓN
relevantes. En algunos países, la naturaleza de la medida a adoptar la necesaria intervención
de un organismo con carácter asesor que emite un dictamen sobre la misma.
Es el caso de los denominados existentes desde bastantes
años en Holanda y Francia, que se han extendido a otros muchos países y que incluso
existen actualmente a escala regional. En ellos hay, normalmente, representantes
de los empresarios y sus organizaciones, de los sindicatos, de los cuerpos de profesionales
y, muchas veces, un grupo de miembros independientes elegidos en razón de sus
conocimientos o especialización. Aunque sus decisiones no tienen un carácter vinculante
para los gobiernos, a veces ejercen una influencia notable en la decisión final que
éstos adopten, ya que sus informes suelen ser preceptivos para muchas leyes, y además
en dichos organismos están representados los empresarios, los sindicatos y otras instituciones.
Por otro lado, y de manera informal, también pueden ser consultados otros artífices,
tales como los grupos de interés más directamente afectados, los partidos políticos, tanto
los más afines como los de la oposición, o incluso organismos internacionales. Resultan
particularmente destacables las consultas a partidos políticos, que normalmente
se realizan antes y fuera del marco parlamentario y que, contra lo que pudiera parecer,
acortan incluso el período total de tiempo que conlleva una decisión, dado que su protagonismo
es tan notable que aligeran de manera importante las discusiones parlamentarias.
Aunque con muchas más dudas, podrían integrarse en este bloque de «consultas»
las actuaciones de algunos gobiernos que, con carácter previo a la decisión, hacen circular
hacia la opinión pública —generalmente a través de algún/os medios de comunicación
de la prensa, la radio o la TV— «globos sonda» sobre unas medidas que las autoridades
están considerando tomar, aunque todavía no están decididas. Ello permite
conocer hasta qué punto la sociedad y/o algunas instituciones o corporaciones reaccionan
de manera favorable o desfavorable ante la posibilidad de que se tomen tales
medidas. Las autoridades deciden después, en razón de las reacciones obtenidas, si dichas
medidas «en ningún caso se van a tomar» o si se van a modificar en tal o cual sentido,
a raíz de las críticas recibidas.
En cualquier caso, y con carácter general, debe citarse que un proceso de consultas
muy amplio suele acompañar a la aplicación de las política de rentas, por ejemplo
(véase Capítulo 14), lo cual supone en no pocos casos la ventaja de que facilita alcanzar
un grado de consenso más alto. Presenta sin embargo el inconveniente de que
dicha consulta o contactos retrasan sustancialmente la adopción de decisiones, con el
consiguiente agravamiento del problema que se pretendía resolver o del cambio de actitud
ante una situación delicada en términos de inflación o de fuertes desequilibrios
económicos.
En las democracias representativas, las principales decisiones de política económica
—léase el presupuesto— se adoptan en el Parlamento. No obstante, el Gobierno puede
recurrir a medidas de rango inferior a las leyes para desarrollar su política económica,
especialmente cuando se requieren intervenciones urgentes. En consecuencia, los principales
artífices de la política económica en esta fase son el Gobierno y los parlamentarios,
considerados como representantes de los partidos políticos.