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POLÍTICAS DE RENTAS 393
III) Por último, la corresponde a aquellos
casos en los que esta política se ha apoyado en una entre
las asociaciones patronales y los sindicatos. Por esta vía pueden alcanzarse pactos
muy amplios —tipo (con un primer ejemplo en el Reino Unido,
en 1975, y diversas experiencias en España, Italia y Francia— o
sobre aumentos salariales, a los que en ocasiones se incorporan los gobiernos,
comprometiéndose a cumplir determinados compromisos y medidas que suavicen
los costes asumidos por las renuncias sindicales o que incentiven la colaboración
de las empresas.
El Recuadro 14.4 resume, muy sintéticamente, un conjunto de experiencias de política
de rentas desarrolladas en Europa, cuyo rasgo más característico es, desde luego,
la heterogeneidad. Por su parte, el Caso de referencia 14.1 presenta las principales características
de algunas experiencias españolas interesantes en materia de «pactos» de
carácter global.
Resultaría imposible entrar aquí en más detalles sobre las distintas experiencias,
pero lo que en cualquier caso conviene aclarar es que, en términos rigurosos, la primera
de las modalidades que hemos diferenciado no debe integrarse dentro de las
políticas de rentas, ya que carecen de un componente esencial: el logro de un acuerdo
o consenso entre las partes implicadas dentro de un clima de libertad. Esto no se
produce, como es obvio, cuando son los gobiernos quienes establecen o imponen
un tope salarial máximo de carácter , o cuando decretan —simplemente—
una de los salarios, los alquileres, el reparto de dividendos y
ciertos precios con objeto de afrontar una situación económica particularmente delicada.
Las otras dos modalidades sí que pueden calificarse como políticas de rentas. Un
rasgo clave de las mismas es su componente más voluntarista, bien sea porque las partes
implicadas se adhieren a la(s) «norma(s)» definida por las autoridades, o bien porque
tras una negociación a escala nacional/regional en
la que no es imprescindible que los gobiernos estén implicados. Que dichos acuerdos
o pactos sean más o menos amplios depende de las circunstancias concretas de cada
país y del momento en el que se negocia. Algunos países europeos —Austria y Noruega,
por ejemplo— han contado y cuentan con unos mecanismos muy bien institucionalizados
de negociación entre empresarios y sindicatos, con sistemas de arbitraje
y de seguimiento claramente preestablecidos. En estos países, como en otros que han
tenido sistemas de negociación algo más flexibles (Alemania), la idea de «pacto social»
prácticamente no tiene cabida, puesto que se trata de una vía tradicional —normal—
para encarar el problema de la revisión de las retribuciones y otros temas de
carácter laboral.
Conviene subrayar, en todo caso, que los aires neoliberales que se han extendido
por toda Europa en los últimos años han conducido a criticar algunos de estos sistemas
institucionales desarrollados en los sesenta y los setenta en Europa. Lo que se pretende
es que el mercado tenga cada vez más protagonismo, y en algunos casos, como hizo
Mrs. Thatcher en Gran Bretaña, o el presidente Reagan ante algún problema más puntual
(controladores aéreos), lo que se buscó fue reducir el poder de los sindicatos. Lo
cual no implica que la política de rentas no siga siendo incluida en los últimos informes
de la OCDE y de la Comisión Europea entre las políticas que pueden jugar un papel en
el logro y mantenimiento de la estabilidad de precios.