cuadrado

432 POLÍTICA ECONÓMICA. 3. a EDICIÓN
vendan al mismo precio, la empresa estaría dispuesta a comprar permisos, produciendo
un nivel de contaminación igual a , ya que con ese precio es donde maximiza
su beneficio. No comprará ningún permiso adicional, porque a la derecha de a la empresa
le sale más barato reducir la contaminación que comprar derechos ( ),
mientras que a la izquierda sucede lo contrario, le sale más barato comprar derechos que
reducir la contaminación ( ). Por tanto, para cada nivel de precios, la función
del coste marginal de la reducción () determinará la cantidad exacta de permisos
que desea comprar la empresa, por lo que dicha función será la demanda de
permisos de emisión de la empresa ().
Supongamos ahora que agregamos todas las curvas de demanda de derechos de las
empresas de un sector. La demanda agregada de permisos de emisión ( 0 ) mantendrá
la pendiente negativa característica de la función de costes marginales de reducción.
La intersección entre la demanda ( 0 ) y la oferta ( 0 ) de permisos nos proporcionará
el precio de equilibrio de los permisos (). A la derecha de 0 es más
barato reducir la contaminación que comprar permisos ( ), y a la izquierda
ocurre lo contrario ( ), por lo que las empresas, para maximizar sus beneficios,
fijarán su nivel de contaminación en .
Ahora bien, si el sector público considera que el número de permisos existentes
() es excesivo, puede decidir reducirlo, ya sea mediante una ley o, simplemente, recomprando
en el mercado de derechos de emisión los títulos que considere oportunos.
En ambos casos la oferta de permisos de emisión se desplazaría a la izquierda hasta 1 ,
y la nueva oferta de permisos sería 1 , reduciendo forzosamente la contaminación,
ya que se necesitaba un permiso por unidad de contaminación y ahora hay menos permisos
o hay permisos en poder del sector público en vez de en las empresas.
El resultado de esta medida de política económica sería un incremento del precio del
permiso desde hasta 0 , que llevaría a las empresas a promover la inversión en tecnologías
limpias, ya sea para no tener que comprar permisos a precios elevados para poder
producir, o para poder vender los permisos no necesarios y obtener así un beneficio
extra. Igual resultado provocaría —en caso de que la ley lo permitiese y el mercado
fuera verdaderamente libre y sin barreras de entrada— que los particulares u otro tipo
de organizaciones, como alguna ONG por ejemplo, comprasen permisos de emisión a
las empresas para limitar aún más la contaminación. La opción de que el sector público
pueda comprar y vender los permisos de emisión en el mercado, al igual que una
empresa, es bastante atractiva desde el punto de vista de la política económica, puesto
que es una forma más fácil, rápida y flexible de regular los niveles de contaminación,
pudiendo adaptar dichos niveles, por ejemplo a las condiciones climáticas cambiantes,
con una rapidez que sería imposible en el caso de que hubiese que aprobar modificaciones
en las cantidades de derechos mediante una ley.
Por otra parte, en el caso de que se incrementase el número de empresas en el sector,
suponiendo que el sector público mantiene el número de permisos en 1 , sin conceder
nuevos permisos de emisión a las nuevas empresas, la demanda de permisos se incrementaría,
desplazándose hacia arriba hasta 1 , por lo que el precio de los
permisos volvería a subir desde 0 hasta 1 , que es el precio para el que ahora coincidirían
oferta y demanda de permisos ( 1 = 1 ), reforzando los incentivos a reducir
las emisiones contaminantes. En definitiva, cuanto más alto sea el precio de los permisos
o derechos de emisión, mayor será el incentivo de las empresas para invertir en
tecnologías limpias, ya sea para no tener que comprar unos permisos de emisión a pre-