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458 POLÍTICA ECONÓMICA. 3. a EDICIÓN
Para ello, puede colaborar con la industria favoreciendo la eficiencia y la eficacia de la
inversión en I+D+i a través de acuerdos de colaboración entre empresas y laboratorios
públicos, y otras medidas que se explican en los siguientes apartados.
En cualquiera de estas acciones, la polémica estriba en la disyuntiva entre la neutralidad
y la selectividad, puesto que todos estos instrumentos pueden otorgarse de
forma más o menos discriminatoria, en función de que se persiga una política de innovación
destinada a primar la innovación en sectores considerados estratégicos. Si
los incentivos microeconómicos implícitos en estos instrumentos se modifican entre
actividades innovadoras alternativas, nos encontramos de nuevo con los fallos del sector
público.
Veamos a continuación de qué maneras el Estado puede apoyar la iniciativa privada
en I+D+i.
Ya hemos dicho que la innovación tecnológica genera externalidades positivas, y como
consecuencia, el beneficio marginal social es superior al beneficio marginal privado.
Las empresas no siempre tienen incentivos suficientes para producir una cantidad de innovaciones
tecnológicas óptima para la sociedad. Para lograr una mejor provisión de
este bien público, el Estado puede plantearse conceder subsidios a las actividades de
I+D+i. Veamos con ayuda de un gráfico qué efecto se espera que tenga un subsidio al
gasto en I+D+i. La Figura 16.4 representa cómo sería el mercado del bien público «innovación
tecnológica». El supuesto de partida es que no existen barreras de entrada ni
de salida del sector. En la situación inicial , el beneficio marginal social es superior al
beneficio marginal privado de las empresas, por lo que al precio 1 la cantidad total de
P
BMg
CMg
O = CMg 1
P 1
A
O’ = CMg 1
– Subvención
B
P 2
D = BMgS
BMg
Q 1
Q’ 1
Q 2
Innovaciones tecnológicas (Q)
Figura 16.4.
Efecto económico de un subsidio al gasto en I+D+i.