cuadrado

38 POLÍTICA ECONÓMICA. 3. a EDICIÓN
midor o a regular el comportamiento de la empresa suministradora, pero que, en definitiva,
impiden un juego más libre del mercado, etc.).
Esta generalización de la presencia del sector público en las economías ha hecho
que la literatura económica haya dado cabida también a críticas sobre los «fallos del
sector público», contrapuestas a los que anteriormente se han señalado como «fallos
del mercado».
Los teóricos de la elección pública ( ) han querido resaltar que no sólo
el mercado tiene fallos, sino que el sector público —como señaló ya J. Buchanan
en 1979— también los tiene y que, por lo tanto, es necesario comprobar si las actuaciones
de la intervención pública generan unos beneficios superiores a los costes que
comportan. Lógicamente, si los segundos son superiores a los supuestos beneficios que
debería comportar la intervención de las autoridades, ésta no sería deseable. Como señalan
C. Wolf, C. Wattin y otros autores, frente a los «fallos del mercado» hay que tener
también en cuenta los , los cuales pueden agruparse en las
siguientes categorías:
) derivadas del . Nada hace suponer que si los
individuos operan en el sector privado guiados por finalidades egoístas tratando
de maximizar su nivel de bienestar, cuando operen en el sector público vayan
a olvidar estos comportamientos y actúen de forma altruista y desinteresada, en
busca del bien común. Frente a los políticos se encuentran, por el lado de la demanda,
los electores, que también pretenden que el sistema político sirva para
sus propios fines, y dado que los recursos son escasos, no todos consiguen su
meta, produciéndose así situaciones de discriminación entre individuos o grupos
organizados. En consecuencia, para que el mercado político reflejara adecuadamente
las preferencias del electorado, los electores deberían estar perfectamente
informados y tener seguridad de que obtendrán lo realmente prometido
por la parte oferente; es decir, por los políticos.
) en la producción de . Cuando el sector
público se propone suministrar determinados bienes y servicios a los ciudadanos
(producción de bienes básicos o fabricación de productos industriales para lograr
el desarrollo o la autonomía frente a otros países; construcción de viviendas;
etc.), suele enfrentarse —como mínimo— con tres problemas. El primero
es que siempre resulta muy difícil definir el tipo y la cantidad de bienes/servicios
que deberá suministrar, por lo que suelen producirse desajustes; el segundo
es el aumento de la burocracia y del número de empleados dependientes del
sector público que normalmente acompaña este tipo de iniciativas; y el tercero,
que el sector público —y en concreto el funcionariado— no siempre está bien
preparado para gestionar eficazmente las empresas públicas, y además, al no tener
como objetivo conseguir beneficios, con frecuencia se producen despilfarros
y excesos en costes no directamente productivos ni necesarios. En definitiva,
no faltan ejemplos en los que los bienes y servicios públicos se producen
realmente a costes muy elevados para la sociedad y con claras ineficiencias.
) en el control de los , ya que —en la práctica—
es muy difícil conocer cuál es el coste marginal de los servicios que prestan,
para poder determinar adecuadamente unos precios políticos o unas subvenciones.
Cuando se trata de empresas públicas, los intereses de los burócratas