cuadrado

POLÍTICAS MICROECONÓMICAS II 443
RECUADRO 16.1.
LOS INSTRUMENTOS DE LA PROTECCIÓN
La protección comercial es tan antigua como el propio
comercio, y los mecanismos mediante los cuales
se instrumenta se han revelado muy resistentes
al paso del tiempo. En general, la protección ha respondido
a una doble motivación: proteger la producción
nacional y generar ingresos aduaneros.
Este segundo motivo es el que explica el extendido
recurso al arancel: los aranceles son sencillos de
aplicar técnicamente y pueden ser alterados con rapidez
en función de las necesidades fiscales. En la
antigüedad, cuando el comercio entre distintos espacios
económicos se producía casi exclusivamente
por vía marítima, las principales barreras eran figuras
como el derecho de fondeo o anclaje y los
aranceles específicos. En la época colonial, las potencias
pugnaban por establecer compañías que
monopolizaran el comercio con ultramar. En España,
por ejemplo, Cádiz ostentó durante mucho tiempo
el monopolio del comercio con las colonias. En
épocas más recientes, el establecimiento de protectorados
en Marruecos y en los restos del imperio
otomano comenzó con el control de las rentas de
aduanas por parte de las potencias europeas, como
medio de asegurarse el reembolso de los créditos
otorgados. Incluso en la actualidad, gran parte de
los países en desarrollo experimentan serias dificultades
para liberalizar sus regímenes comerciales,
pues suponen un elevado porcentaje de sus ingresos
fiscales.
En consecuencia, los instrumentos de protección
más conocidos son las barreras arancelarias.
Además de los aranceles ad valorem y específicos,
más utilizados, hay otro tipo de derechos. Los contingentes
arancelarios son cuotas sometidas a un
arancel determinado: la política comercial comunitaria
admite una cantidad determinada de naranjas
procedentes de Israel a tipo cero; una vez superado
dicho contingente, se aplica el arancel correspondiente.
Los derechos variables consisten en aplicar
un arancel por el importe de la diferencia entre el
precio de referencia fijado para una determinada
mercancía y el precio efectivo al que ésta se importa;
por ejemplo, antes de la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC), una importación de trigo
que entraba a un precio inferior al de referencia
fijado por la Comisión Europea soportaba una
exacción que igualaba el precio de referencia. Los
derechos anti-dumping y compensatorios son
aranceles adoptados en represalia por una conducta
impropia de algún socio comercial: por ejemplo,
las importaciones de acero asiáticas son regularmente
gravadas con derechos anti-dumping, al
estimarse que se colocan en el exterior a un precio
inferior al de su fabricación en el país de origen. En
forma semejante, Estados Unidos ha aplicado recientemente
derechos compensatorios a los quesos
franceses en represalia por la restrictiva normativa
comunitaria en materia de carne hormonada.
Las barreras no arancelarias han proliferado en
los últimos años, cuando el objetivo estriba más en
proteger que en recaudar. El GATT-OMC suele clasificarlas
en barreras que actúan sobre las cantidades,
barreras que actúan sobre los precios o los
costes y medidas sin efectos aparentes. Entre las
medidas que pretenden restringir las cantidades
importadas destacan las cuotas o contingentes, que
suelen instrumentarse mediante licencias de importación.
Otra medida muy empleada es la del comercio
de Estado, consistente en que sólo el Estado,
o empresas en las que éste delega, pueden
comerciar con los productos de referencia: fue el
caso del petróleo en España hasta épocas relativamente
recientes o el comercio de armas en la actualidad.
Las compras públicas es un mecanismo
en que el sector público otorga un margen de preferencia
a las empresas domésticas: en licitaciones
internacionales, la oferta nacional recibe un margen
preferencial, digamos del 10%; es decir, que con
una oferta un 10% más onerosa para el Estado que
la de los competidores foráneos, la empresa nacional
se adjudica el contrato. Otro instrumento muy
utilizado en los países en desarrollo es el control de
cambios, que limita el acceso a las divisas precisas
para pagar las importaciones. Hay medidas que actúan
indirectamente, como las restricciones a la comercialización:
hace unos años se establecían unos
límites a la cantidad de concesionarios que las marcas
japonesas de automóviles podían establecer en
determinados países europeos, restringiendo así su
comercialización. Evidentemente, el efecto indirecto
de todas estas medidas es elevar el precio del
bien importado.
Entre las barreras que actúan directamente sobre
los precios o los costes, podemos destacar los depósitos
previos a la importación: antes de proceder
a la importación de un bien, el importador está obligado
a depositar un porcentaje de su valor, normalmente
en divisas, en cuentas bancarias no retribuidas;
se penaliza así la actividad importadora. Otra
medida estriba en restringir el crédito facilitado a las
actividades importadoras, o en darlo a tipos de interés
más elevados que los vigentes en actividades
alternativas. La importación puede desalentarse indirectamente
mediante trabas administrativas (complicando
los trámites burocráticos) o instaurando
normas técnicas muy exigentes. Un ejemplo de este
último caso lo tenemos en las normativas sanitarias
y fitosanitarias, que en ocasiones pueden tener un
cariz proteccionista. A modo de ejemplo, la UE hubo