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Políticas de rentas
«Para mí el único problema económico esencial que no ha sido resuelto
reside en el cruel arbitraje entre el pleno empleo y la estabilidad de
precios. El economista que sea capaz de aportar un importante elemento
de solución a este problema, absolutamente vital, merecería más que un
premio Nobel».
P. SAMUELSON (1915),
Declaraciones a la revista , noviembre 1970.
LOS instrumentos monetarios y fiscales no siempre se han mostrado suficientemente
eficaces para controlar la inflación o para reducirla a los niveles deseados. Particularmente
cuando en las economías se ha iniciado un proceso precios/salarios/precios/salarios.
Esto, unido a los costes que las medidas estabilizadoras suelen comportar
a corto plazo en términos de empleo y quizás de menor crecimiento, condujo hace
ya bastantes años a proponer y ensayar la utilización de para contribuir
a controlar la inflación, instrumento al que en ocasiones se sumó también el uso
de sobre algunos precios.
Sin embargo, la política de rentas y los controles directos de precios son dos de las
modalidades más controvertidas de la política macroeconómica. Principalmente porque,
en la práctica, este tipo de políticas significan que las autoridades —ya sea en colaboración
con los demás agentes económicos (sindicatos, asociaciones de empresarios...)
o mediante simple imposición— tratan de impedir que los precios y/o las
remuneraciones prosigan su evolución de forma espontánea, es decir, de acuerdo con el
mercado y con las fuerzas que en él intervienen. Consecuentemente, quienes consideran
que es el mercado —y sólo el mercado— quien debe provocar los ajustes critican
abiertamente este tipo de «intervenciones».
La principal justificación que puede esgrimirse para no dejar que las retribuciones
de los factores dependan exclusivamente del libre juego del mercado se ha basado en el
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