cuadrado

TRES CUESTIONES RELEVANTES DE TEORÍA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 133
tipos de interés) en el período previo inmediato o posterior a una consulta electoral.
Nunca tienen pues el carácter de sistemáticos ni de regulares, como corresponde
a un planteamiento que supone que los electores son racionales, aunque
con peor información que los gobiernos.
2. La celebración de procesos electorales genera siempre un coste en términos de
posible manipulación por parte de los gobiernos, pero las «distorsiones» económicas
que se producen tienen siempre un propósito útil, dado que la expansión
preelectoral (mayor crecimiento del PIB, por vía fiscal o monetaria) y su
efecto inflacionista es relativamente pequeño y poco duradero. En otras palabras,
estas desviaciones son siempre controlables por un gobierno que actúa
bajo criterios de manejo eficiente de la economía.
5.3.4. La teoría partidista racional
La eliminación del supuesto de unos electores no racionales, como acabamos de examinar
para la teoría electoralista, debilita las derivaciones empíricas que señalamos
para la TP, aunque en menor medida que para la primera. La formulación de la Teoría
Partidista Racional (TPR) se encuentra en los trabajos realizados por Alesina. En ellos
se adopta el siguiente punto de partida: la incertidumbre de las actuaciones de política
económica originada por la incertidumbre de los resultados electorales interactúa con
las expectativas racionales. Es decir, sólo situaciones económicas imprevistas (por
ejemplo, una inflación inesperada producida por un petrolífero) pueden tener influencia
en las variables reales (crecimiento y/o desempleo), pero como los resultados
de una consulta electoral no son predecibles de manera perfecta, cada elección puede
producir perturbaciones en las actuaciones de política económica con efectos reales
sólo temporales, hasta que los agentes económicos que ahora son racionales se ajusten
a la nueva situación, volviéndose entonces a un punto que puede denominarse como
Los supuestos de partida de esta formulación teórica son pues parecidos a los de la
TP, aunque ahora se acepta que los agentes económicos formulan sus expectativas de
inflación de manera racional y que la conducta de los votantes es una combinación del
supuesto 6 (comportamiento partidista) y 6 (racionalidad). Este último supuesto significa
que los votantes difieren en sus preferencias respecto a los principales objetivos
de la política económica, pero dado que son racionales, su decisión de voto está condicionada
por la maximización de su utilidad. Por tanto, votarán por el partido que les reporte
la utilidad esperada más alta, que estará relacionada con una tasa de inflación más
elevada, crecimiento económico más alto y desempleo más bajo para los votantes de izquierdas
que para los conservadores, como consecuencia de la diferente orientación de
la política económica aplicada por los partidos cuando están en el poder, expansiva en el
caso de los de izquierdas y contractiva para los de tendencia conservadora.
Ahora bien, aunque se conozca la orientación de la política económica para cada
uno de los partidos, los resultados de una elección serán siempre inciertos, puesto que
es difícil saber la distribución exacta de las preferencias de los votantes, con lo que la
posibilidad de que los resultados de estas actuaciones se manifiesten claramente depende
de la magnitud del error que cometan los electores respecto a las expectativas
de triunfo electoral que se habían formulado (véase Recuadro 5.4).