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POLÍTICAS MICROECONÓMICAS I 415
Hemos visto que si la presencia de economías de escala importantes aconseja no
proceder a la fragmentación de un monopolio, el poder público puede fijar el precio
máximo que la empresa puede cobrar por sus productos en ese mercado, pero ¿cómo se
fija ese precio? La solución óptima es fijar el precio por el coste marginal, es decir, establecer
el precio que corresponde al punto de la Figura 15.1, donde se produce el
corte entre y la curva de demanda. Como ya entonces no pueden fijar el precio,
se obliga a las empresas a comportarse como lo harían en un mercado perfectamente
competitivo, ya que pasan a ser precio-aceptantes y se elimina la pérdida social representada
en esa misma figura por el área .
Sin embargo, a ese precio la empresa monopolista puede incurrir en pérdidas o no,
dependiendo de su estructura de costes. Si produce la cantidad correspondiente al punto
, la empresa de la Figura 15.1 tiene una pérdida, ya que el precio fijado es inferior
a su . Si esa situación se mantiene, el monopolista se vería obligado a dejar de producir,
por lo que en este caso la fijación del precio en función del coste marginal no es
una política adecuada. ¿Cuáles son las alternativas? Primero, el Gobierno puede fijar el
precio en función del coste teórico medio de la empresa, es decir, poner el precio correspondiente
al punto donde se cortan y la demanda (punto ). De nuevo se anula
el poder de mercado del monopolista, pero esta vez no se elimina por completo la ineficiencia
asignativa, ya que se produce por debajo del óptimo, y a la vez puede conducir
a una pérdida de eficiencia técnica, ya que, pase lo que pase, la empresa no puede obtener
un beneficio extraordinario, por lo que no tiene ningún incentivo para controlar
sus costes. Además, en la práctica es muy difícil determinar el precio de esta manera.
En la segunda alternativa, el Estado podría fijar el precio en función del y, a la vez,
conceder a la empresa una subvención para cubrir las pérdidas sufridas por este motivo.
Aparte de otras consideraciones de carácter político —como explicar por qué el Estado
está subvencionando a un monopolista—, esta solución restablece la eficiencia
asignativa pero puede producir ineficiencia técnica, como en el caso anterior: ¿por qué
habría de preocuparse de controlar los costes si el Estado va a subvencionar sus pérdidas
sean las que sean? Por último, el Estado puede hacerse con el control de ese monopolio,
de forma que resulte menos chocante la subvención de las pérdidas resultantes
del control de precios. Pero esta opción tiene el mismo problema de eficiencia
técnica que las dos opciones anteriores, debido a la falta de incentivos de la dirección
de la empresa para mantener reducidos sus costes.
15.3
POLÍTICAS MICROECONÓMICAS
PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Desde la Revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, hasta nuestros días se ha
producido un incremento exponencial de la actividad económica, lo que ha provocado
un aumento paralelo en el uso de los recursos naturales. Además, en los últimos años,
la sociedad se ha ido sintiendo cada vez más preocupada por la preservación del medio
ambiente. Las características de bien público del medio ambiente, consumo no-rival, y
más importante aún, la imposibilidad de exclusión, han provocado que en muchas ocasiones
se supere la capacidad de carga de los ecosistemas. No obstante, no ha sido hasta
la segunda mitad del siglo XX cuando la sociedad y los gobiernos han tomado conciencia
del problema, forzando la adopción de políticas para la protección del medio