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434 POLÍTICA ECONÓMICA. 3. a EDICIÓN
lancia principalmente) y a su ineficiencia económica, tanto estática como dinámica. La
ineficiencia estática se debe a que la falta de información sobre las diferentes estructuras
de coste de las empresas obliga a establecer una regulación uniforme para todos,
que no diferencia según el nivel de impacto medioambiental de cada empresa, mientras
que la ineficiencia dinámica se debe a que la regulación no proporciona incentivos para
reducir los impactos medioambientales mediante la innovación, y las empresas se limitan
a una política de mínimos para cumplir con la legislación.
Esta ineficiencia económica de la regulación está provocando un incremento de la
importancia de la política de incentivos, aunque ésta no puede sustituir totalmente a
aquélla, puesto que no puede garantizar que todos los agentes económicos reaccionen
positivamente a los incentivos ofrecidos. Las ventajas que ofrece la
frente a las regulaciones tradicionales son las siguientes:
• Los agentes económicos tienen : pueden
seguir contaminando y pagar por ello, o pueden evitar pagar reduciendo su contaminación.
• aquellas con el medio ambiente.
• , con el fin de desarrollar tecnologías
limpias para incrementar sus beneficios.
• que los sistemas tradicionales de regulación.
• Logran que las regulaciones, al adaptarse a las diferentes
características individuales de los distintos agentes contaminadores.
Sin embargo, como hemos visto con anterioridad, los resultados de las políticas de
incentivos pueden diferir bastante según el instrumento económico usado para su aplicación,
por lo que vamos a realizar unos breves comentarios finales a cada una de las
políticas de incentivos que hemos analizado.
La ventaja fundamental de los impuestos ambientales es que cumplen el principio
de que «quien contamina paga», haciendo pagar más al que contamina más, ya que normalmente
son proporcionales. Además, inducen un comportamiento dinámico, ya que
incentivan continuamente la reducción de la contaminación para minimizar los pagos
fiscales. Por el contrario, los subsidios incumplirían el principio del que contamina
paga, ayudarían al contaminador a obtener mejores resultados que a las empresas que
no contaminasen, podrían provocar barreras de entrada y detraerían recursos del erario
público que habría que sufragar con otros impuestos. Por ello, a pesar de que los resultados
en cuanto al nivel de contaminación de los impuestos ambientales y los subsidios
serían prácticamente los mismos, son preferibles los primeros.
El sistema de derechos de emisión garantiza una reducción cuantitativa de la contaminación,
pero con un coste incierto, mientras que los impuestos ambientales ejercen
un impacto incierto sobre el volumen de emisiones contaminantes, aunque fijan el
coste marginal para los contaminadores. La elección entre uno u otro de estos instrumentos
depende de qué incertidumbre sea más perjudicial para la sociedad, la de los
costes de la descontaminación o la de la reducción del volumen de emisiones. En el
caso de problemas ambientales con umbrales críticos para la salud humana o de la naturaleza,
parece aconsejable recurrir al sistema de títulos negociables, mientras que
para problemas que no los presenten, pueden ser más adecuados los sistemas impositivos.