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96 POLÍTICA ECONÓMICA. 3. a EDICIÓN
RECUADRO 4.2.
PAUTAS DEL COMPORTAMIENTO BUROCRÁTICO
1. Los funcionarios tienen un pequeñísimo incentivo
para actuar de una manera socialmente óptima,
dado que ninguno de ellos es responsable
individualmente, salvo excepciones, de las
consecuencias de sus actos (tanto de los beneficios
como de los costes). Sin embargo, los burócratas
tienen razones para trabajar dentro del
marco de las reglas formales y de las reglamentaciones,
ya que si cometen un error a este
respecto pueden ser castigados con severidad.
2. Los aparatos burocráticos que se quedan sin
funciones desaparecen difícilmente, porque no
es obvio que los servicios que presta una determinada
oficina hayan dejado de tener una
demanda consistente. Como no existe un test
de eficacia (tal como ocurre en el mercado), generalmente
las unidades administrativas no llegan
a disolverse; en vez de ello, se les asignan
nuevas tareas.
3. Las decisiones burocráticas están sistemáticamente
distorsionadas debido a los diversos
riesgos asociados a acciones alternativas. Para
un funcionario que se supone ha de tomar cierta
decisión, las consecuencias de cometer un
error formal pueden ser de suma gravedad;
puede ser censurado oficialmente y hasta destituido.
Por lo tanto, este funcionario hará un
gran esfuerzo por actuar formalmente de una
manera correcta. Las decisiones equivocadas,
con perjuicios presupuestarios importantes,
pueden poner al burócrata en una posición incómoda,
dado que se dudará de su competencia,
mientras que aquellas otras que no tengan consecuencia
sobre el presupuesto no tendrán
efectos negativos sobre el funcionario que las
haya cometido.
4. La Administración Pública tiende a ampliar excesivamente
el número de puestos internos de
trabajo. El Gobierno intenta ganar votos creando
puestos de trabajo en el sector público, con
buenos salarios y altos beneficios secundarios.
5. Las reglamentaciones y normas restrictivas que
han de observar los funcionarios provocan ineficiencias
y reducen los incentivos del trabajo;
frecuentemente se hace imposible ser eficaz.
Por regla general, la forma de contratación y de
promoción, además de la estructura salarial, están
fijadas muy rígidamente, así que existe una
pequeñísima posibilidad de premiar los resultados
personales, si es que alguna vez puede
hacerse.
Fuente: B. S. Frey: Para una política económica democrática.
Alianza, Madrid, 1987 (págs. 131- 132).
amplias capas sociales, requiriendo sacrificios por parte de las mismas. El hecho de que
la ejecución en agencias administrativas posibilita la viabilidad de estas actuaciones,
que difícilmente podrían asumirse por un gobierno debido a su elevado coste político.
En definitiva, este protagonismo de la Administración Pública tiene su raíz básica en
la ineludible necesidad que los gobiernos tienen —para poder tomar y ejecutar sus decisiones—
de confiar en un sistema burocrático que garantice dos condiciones esenciales:
y . En los países maduros políticamente, ambas condiciones
son cumplidas sobradamente por los funcionarios que integran dicho sistema.
El binomio Gobierno-Administración Pública se convierte, pues, en el eje clave de
la toma de decisiones económicas. Ahora bien, la influencia de este binomio en la vida
económica se realiza a través de las tres vías siguientes:
1. Implica una apelación a los sentimientos cívicos de los ciudadanos.
2. Supone una apelación al interés personal, generalmente a través
de la concesión de beneficios, aunque cabe también la opción inversa —la penalización.
3. Conlleva decidir acciones por la vía obligatoria
para llevar a los agentes a realizar una determinada conducta o, en su defecto, a
evitarla.
A través de estos tres resortes, los poderes públicos pueden tratar de adecuar el comportamiento
de los agentes económicos y sociales a los objetivos de política económi-