las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

disfunciones pueden conculcar garantías fundamentales como la presunción de inocencia, la justiciapronta y cumplida, así como la eficacia de la potestad requirente. La devaluación de la etapa intermediaprovoca la hipertrofia del debate y una perversión de las garantías que exige un juicio justo. La pasividadde las partes en la evaluación crítica de la acusación y de la pruebas, así como la indiferencia respecto dela depuración de los vicios de la investigación, especialmente la prueba, podría reducirse, sensiblemente,si se aplica el principio de convalidación de todos los vicios que contenga el proceso, salvo quizás que laacusación sea absolutamente ininteligible, reservando la valoración de la actividad procesal defectuosapara la fase de impugnación de la sentencia, en cuyo caso debe referirse a vicios groseros y esenciales.La inercia y pasividad de las partes debe provocar el saneamiento implícito y transitorio de la actividadprocesal defectuosa, reservando su corrección o análisis para la fase recursiva. Es decir, durante el debateno puede decretarse la nulidad o exclusión de pruebas o actos que se evaluaron y se admitieron en laetapa intermedia. Existe una vinculación entre la audiencia preliminar y el debate, de manera que loresuelto en la primera tiene un efecto preclusivo respecto de lo que puede resolverse en la segunda. Si elobjetivo de la fase intermedia consiste en la corrección o saneamiento formal y sustancial de los actosconclusivos de la investigación no tiene sentido que lo resuelto en la audiencia preliminar se valore, denuevo, durante el debate. El principio de preclusión de la actividad procesal defectuosa y su saneamientodebe prevalecer frente a la pasividad maliciosa o negligente de las partes durante la audiencia preliminar,pues de lo contrario esta etapa difícilmente puede ser la fase crítica del proceso.En la etapa intermedia la fiscalía asume la responsabilidad sobre la acusación, tanto en su contenidocomo en la prueba que la fundamenta. El juicio a la acusación cumple dos funciones fundamentales: 1-Tutela algunos derechos del encausado, convirtiéndose casi en una exigencia de orden constitucional,impidiendo acusaciones infundadas que propicien la “pena de banquillo”. ; 2- constituye una garantía dela eficacia de la persecución penal, conjurando el peligro de formular acusaciones infundadas en las queno existe una razonable probabilidad de dictar un fallo condenatorio. Se trata de una probabilidad que noes tan elevada como la que requiere un fallo condenatorio, ni tan débil como la que se exige para iniciarla investigación preliminar. Entre estos dos extremos se sitúa el punto en que se justifica la admisión deljuicio de acusación. Se debe hacer un pronóstico sobre el desenlace probatorio de un eventual juicio.El enjuiciamiento a la acusación permite plantear las objeciones fundamentales, tanto respectodel contenido y comprensión de la imputación, como de su fundamento probatorio, especialmente lainferencia entre la prueba y la hipótesis que contiene la acusación. La audiencia preliminar es el mejorescenario para hacer una evaluación del resultado de la investigación realizada por el órgano de laacusación. Conforme al principio de igualdad de armas, en este escenario debe precluir para las partes,acusadores y defensores, el ofrecimiento de pruebas y en caso que se pretenda evacuar en el debateevidencias o probanzas que no se propusieron en la etapa intermedia, debe existir un motivo razonableque justifique la imposibilidad de proponerla durante la audiencia preliminar, que en la mayor partede los códigos se refiere a hechos o circunstancias nuevas que surgen en el debate y que requierenesclarecimiento. En cuanto a las nuevas pruebas que se ordenan durante el juicio oral y público, debeconcederse un plazo para que el contrincante pueda investigarla, previamente, ofreciendo, incluso,evidencias que contradigan la que se propone, tal como acertadamente se hace en el Código ProcesalPenal de Nicaragua. Si no se brinda este plazo de valoración e investigación previa y el tribunal laadmite, sin mayores limitaciones, se lesionan los principios de igualdad de armas y de lealtad procesal.Para el juzgador debería existir una prohibición de ordenar, de oficio, una prueba, como lo prevé lalegislación colombiana; la supervivencia de la prueba oficiosa, contraviene el principio de imparcialidaddel juez, pues “[…] si el acusado se presume inocente y la carga de la prueba de la veracidad de loscargos imputados, más allá de la duda razonable, recae sobre el fiscal, es lógico entender que al juez no lecorresponde interrumpir el juicio para llevar a cabo una nueva investigación o mejorar los elementos de103