las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

Esta estrategia de comunicación social que apela a las intuiciones más básicas compartidas pordiferentes sectores de la sociedad, para instalar entre los ciudadanos demandas particulares de justiciay seguridad, fue especialmente debatida entre los participantes. Se llamó la atención sobre el impactomediático de estas demandas sociales, que según se afirmó son fácilmente apropiadas por el discursopolítico con propuestas populares de contrarreforma -caracterizadas por el concepto de “mano dura”-basadas en el aumento de penas, de los índices de prisionalización, y en la creación de nuevos tipospenales. Al respecto, se destacó que este tipo de medidas sobrevaloran la idoneidad del ordenamientopenal para atender toda clase de conflictividad social, y generan un alto costo social e institucional.En este escenario, se insistió que resulta imprescindible el diseño de una clara política criminalque procure la racionalización del sistema penal, que dé contenido a su vocación de ultima ratio. De locontrario, según mencionaron algunos participantes, siempre será más rentable políticamente trasladara los tribunales la responsabilidad de dar respuesta a las demandas de justicia y seguridad, demandasque en la mayoría de los casos resultan en la promoción de retrocesos legislativos, que desdibujan lospropósitos de la reforma, y que están lejos de atender de manera integral las potenciales situacionesgeneradoras de conflicto en la sociedad, como lo constituyen las desigualdades sociales, agravadas porel sistema socioeconómico.Retos impostergables de la reforma. Un acercamiento a las respuestas ineludibles que debeenfrentar el nuevo sistema penalLas dificultades que persisten en la implementación de la reforma penal, según las revisionescríticas realizadas desde diferentes lugares de la práctica jurídica y los estudios académicos, al serrevisadas con el enfoque de otro lente pueden ser reconfiguradas en la identidad de los desafíos del nuevosistema penal.Dentro de los objetivos estratégicos de los proyectos de reforma -recurrentes en diferenteslatitudes según coincidieron la mayoría de los participantes- podrían mencionarse dos en particular:1) dotar de mayores garantías procesales a las partes dentro del proceso, de acuerdo con los estándaresinternacionales sobre la materia, y 2) la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia procesal. La realizaciónde estos propósitos se concreta sólo en la medida en que la nueva normativa cuente con la capacidad deenfrentar los retos que su implementación implica. Algunos de estos desafíos son los que se desarrollanbrevemente a continuación.i) Implementación de la oralidad en el sistema acusatorioCuando se plantea el tema de la reforma en la agenda pública, el principio de la oralidad es unode los asuntos que más se visibilizan al caracterizarla. Según los asistentes, la tendencia de la nuevanormativa penal a reemplazar los rigurosos formalismos escritos del tradicional sistema inquisitivo porformas de litigio oral –público y contradictorio-, se presenta como garantía de procesos más expeditos ytransparentes. De esta forma, la oralidad se percibe como el elemento que potencia el desarrollo de losdemás principios y garantías básicas que promueve el sistema acusatorio.Por lo anterior, para los asistentes el alcance de la oralidad no se agota con la puesta en escenade una etapa oral dentro del proceso. Según se precisó, poco se avanza -y se desvirtúa la esencia delsistema oral- cuando su implementación se limita a la formalización de una audiencia pública que no estrascendente en la resolución de la disputa, cuando las decisiones sustanciales del juzgador se fundanprincipalmente en la documentación que obra en el expediente y no en lo expuesto en el debate de laaudiencia.211