las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

también ha de ser si se conserva una casación, en manos de la Sala Tercera, por violación de ley, conrígidos criterios de admisibilidad y procedibilidad. En este punto lo que conviene es evitar la creación deuna tercera instancia.3.2. Debe diseñarse un recurso para hacerse valer ante los actuales tribunales de casación, queno es otro que el que se ha ido conformando de acuerdo a la evolución del recurso de casación en CostaRica, en armonía con los principios acusatorios y de carácter informal, amplio, accesible y efectivo, demanera que satisfaga los parámetros constitucionales y de derecho internacional.3.3. Debe diseñarse también un mecanismo procesal para calificar, también de manera amplia yaccesible, los supuestos en que podrá alegarse existencia de jurisprudencia contradictoria. En este puntohay que prever el problema de que, al uniformar la jurisprudencia, ello podría significar un perjuicio paraalgún acusado y cómo remediarlo. Asimismo hay que definir si el fallo de la Sala en este campo será ono de acatamiento obligatorio.3.4. Como estaríamos ante un sistema garantizador del derecho al recurso, que de manera integralre-examine la sentencia penal ante un superior y que tiene además naturaleza ordinaria (antes de queel fallo adquiera condición de cosa juzgada), debe volverse a la revisión clásica, eliminándose la causalpor violación genérica al debido proceso. A lo sumo, podría conservarse la eliminándose la causal porviolación genérica al debido proceso. A lo sumo, podría conservarse la posibilidad de alegar esta causal(quebranto al debido proceso) por una única vez y cuando se acuse sucedida en sede de casación, segúnel esquema actual.3.5. No debe perderse de vista, por último, que la casación actual es una virtual apelaciónrestringida, que tiene al borde del colapso sobre todo a la Sala Penal de la Corte Suprema. La alternativa, sino se impulsa una reforma a fondo, es seguir creciendo con un cuerpo de letrados (as) cuya productividadva a ser cada vez más difícil de controlar efectivamente por parte de los magistrados. El problemapolítico-jurídico que esto genera, a saber, la (des)confianza del ciudadano respecto al juez que realmentele resuelve, es otra razón de peso para buscar una solución radical al problema. Devolverle la potestad dedecir la última palabra al tribunal de mayor rango en la República, en todos los temas polémicos de unárea del derecho, es otra cuestión primordial que urge recuperar propias del foro nacional. Personalmentecreo que la casación penal en Costa Rica y particularmente el recurso de casación nuestro, cumple acabalidad con las exigencias y parámetros de la normativa internacional de derechos humanos. Sinembargo, sobre la base de una evidente incomprensión de lo que es un sistema acusatorio, y las reformasque hemos tenido que improvisar para no incumplir con la jurisprudencia de la Corte Interamericanade Justicia, podemos establecer las siguientes asimetrías o patologías en la casación costarricense quepodemos resumir así:3.6. Otro orden de problemas está dado por fallas importantes en la capacitación técnica delos operadores, por ejemplo, limitaciones prácticas de los jueces; dificultades en la constitución de laprueba, como es el caso de dictámenes periciales en general y particularmente de dictámenes médicos,psicológicos y psiquiátricos: ausencia de protocolos de intervención; falta de información adecuada en160También conservaría otras tareas jurisdiccionales menos frecuentes como el juzgamiento de miembros de los supremos poderes, segúnel esquema actual, o conformaría tribunal de Corte Plena. Por supuesto tendría todas las tareas de gobierno y administración que laConstitución y la ley le confieran.154