las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

c- La rigidez e ineficacia de la investigación jurisdiccional.Otra de las serias desventajas del juez de instrucción, es que impone una rigidez estructural quelesiona seriamente la eficacia de la investigación, ya que no posee la flexibilidad para adaptar los recursoshumanos y materiales, siempre insuficientes, a las necesidades y objetivos de cada investigación. Lasupervivencia de una autoridad judicial instructora, tal como la hemos conocido en el proceso penallatinoamericano, provoca graves disfuncionalidades a la investigación, tornándola ineficaz, especialmenteen los delitos que ocasionan un daño social grave, cuyos autores, bien asesorados, utilizan las debilidadesestructurales del proceso para lograr su impunidad. La persecución e investigación de los hechos delictivosrequiere una dirección y estrategia unificada. Sin embargo, cuando la investigación está a cargo de un juez,es muy difícil desarrollar una política de persecución integrada, pues en cada circunscripción, cada unade los jueces encargados de la investigación, en virtud de la independencia que garantiza el ejercicio desu función, desarrollará una política y una estrategia de investigación diferente. Esta atomización impideel desarrollo de una visión integral de la política de investigación y de persecución. La ineficacia en lapersecución se comprueba fácilmente al analizar las sentencias condenatorias que dictan los tribunales,evidenciándose que en la mayoría de los casos las penas impuestas son de poca trascendencia, lo queindica que el mayor compromiso del aparato de persecución penal se concentra en el enjuiciamiento delas conductas que no afectan bienes jurídicos trascendentales. Las funciones de investigación que realizóel juez de instrucción en la mayor parte de los países en los que imperó el modelo mixto, evidenciaotra grave desviación, ya que, por una parte, el fiscal debe fundar su acusación en pruebas que no harecabado directamente, careciendo, además, del poder para imponer a la autoridad judicial la recepciónde las probanzas que estime pertinentes. Estas disfunciones reflejan una absurda inversión de roles. Poruna parte el representante del ente acusador controla la investigación del órgano jurisdiccional y por laotra, la autoridad judicial, asume una función que interesa, primordialmente, al ministerio público. Estadesnaturalización de los roles del juez y del acusador pervierten los fines de la investigación y la funciónconstitucional del proceso, convirtiéndose más bien en un eficaz pretexto para la impunidad o para unainjusta e innecesaria intervención de la persecución penal estatal.d-La investigación preliminar del fiscal fortalece los principios de oralidad y el de justiciapronta y cumplida.En virtud del carácter escrito de la etapa de investigación que desarrolla el juez de instrucción,se produce, como en todo sistema escrito, una inevitable delegación de funciones que lesiona, sinduda alguna, garantías fundamentales del debido proceso legal, ya que la mayor parte de las pruebas oactuaciones realizadas, formalmente, por el juez de instrucción se incorporan al debate mediante lectura.Esta práctica lesiona los principios básicos de oralidad e inmediación. La investigación jurisdiccionalizadatambién debilita sensiblemente el juicio oral porque, en la práctica judicial, tal como se comprobó enItalia, el debate se ha convirtió en una especie de simulacro, “...una verificación puramente formal delos elementos recogidos durante la instrucción. La única misión del juez de los juicios orales consistía,en realidad, en establecer que durante estos juicios no había surgido algún hecho que pudiera anular laspruebas presentadas....”. Esta grave deficiencia se corrige al asignarle la investigación preliminar alfiscal, quien debe recabar ágil e informalmente los detalles del hecho, así como las pruebas que acreditanla acusación, reconociendo, además, como principio básico, que ninguna de las actuaciones o diligenciasrealizadas durante la investigación preliminar pueden darle fundamento a un fallo condenatorio, salvoque se trate de probanzas que no puedan reproducirse en el debate, como las escuchas telefónicas y losregistros, o que se hayan evacuado conforme a las reglas del juicio oral. Se supone que el juez del debate97