las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

La actividad policial debe alcanzar dos metas cuya coincidencia no es evidente. Por un parte deberespetar los derechos humanos de los ciudadanos y por la otra, debe cumplir con las funciones preventivasy represivas que le corresponden. La conjugación de estos dos objetivos, no es una tarea fácil. 123 Lasupervisión jurisdiccional y el control de la sociedad civil serán los mecanismos que determinarán sital conjugación es equilibrada y razonable. El respeto a las garantías individuales no desnaturaliza laactividad policial. Este es un enfoque erróneo, porque el respeto a los derechos humanos es un objetivofundamental que debe asumir la policía en una sociedad democrática.El policía no es juez, pero aplica pragmáticamente las reglas para actuar en primera instancia,haciéndolo con eficacia, pero sin lesionar derechos humanos fundamentales.La tradición de una policía que desconoce las garantías individuales y que sólo actúa en funciónde objetivos de seguridad y prevención, es una deformación difícil de erradicar, pero es una tarea quedebe emprenderse si se pretende la constitución y fortalecimiento de un Estado democrático de derecho,porque si se mantiene el autoritarismo policial tradicional, poco progreso real se logrará en la vigenciaefectiva de los derechos humanos fundamentales.La policía es uno de los componentes del sistema penal al que menos atención se le presta.Como ya se mencionó, los tribunales deben ejercer un eficaz control sobre las actividades policiales,especialmente mediante el recurso de hábeas corpus, que por desgracia, en algunos países del istmo,tiene escasa trascendencia y eficacia. 124 El desarrollo de derechos tan importantes como la libertad,las garantías del acusado, la prueba ilícita, etc., requiere, como se mencionó, una efectiva supervisiónjurisdiccional, que es la que define, en último término, los límites del poder policial.VI.LAS LIMITACIONES A LA LIBERTAD Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIATodas las constituciones centroamericanas reconocen el derecho a la libertad y a la presunciónde inocencia como garantías fundamentales de cualquier ciudadano. 125 Igual reconocimiento tiene en laConvención Americana de Derechos Humanos. La vigencia de estos derechos fundamentales no puede serformal o meramente declarativa, sino que deben crearse los mecanismos que permitan su vigencia real.El respeto al derecho a la libertad y a la presunción de inocencia requiere que la detenciónpolicial se haga sólo cuando exista un indicio comprobado de que se ha cometido un delito. 126 Indiciocomprobado también puede definirse como sospecha fundada, que no equivale a certeza, pero que es algo123La policía es una mezcolanza de dos especies de violencia, la que pone y la que conserva el derecho, tal como la concibe WalterBenjamin. La policía participa en todos los poderes del estado, porque es una actividad administrativa formalmente organizada comodependiente del poder ejecutivo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otras actividades estatales, actúa en contacto directocon las libertades individuales. En este caso actúa no sólo como auxiliar de la jurisdicción, sino que también desarrolla competenciaspropias y autónomas como las preventivas y cautelares frente a sujetos peligrosos y sospechosos. Ferrajoli, L. Ob.cit., p.766.124“La Justicia Constitucional: Una promesa de la democracia” -Tomo II- Costa Rica- 1992- (ILANUD) p.90.125Así se reconoce, por ejemplo, en la constitución panameña (artículos 21, 22 y 27), salvadoreña (artículos 4, 5, 11, 12 y 13), guatemalteca(artículos 4, 6, 7 y 14).126En algunas constituciones no se exige, como requisito, el indicio comprobado de que se haya cometido delito, pero contienen una regla másestricta, porque establecen, como ocurre en el artículo 18 política argentina, que la detención sólo se puede fundar en una orden escritade la autoridad competente... Esta autoridad competente es, sin duda alguna, la autoridad judicial, tal como acertadamente lo interpretaBidart Campos. (ver del autor: “Derecho Constitucional”- Ed.Ediar. Argentina, 1967- T.II, p.489-490) En el caso de los delincuentes infraganti, la detención no requiere, por supuesto, mayores formalidades. En la legislación argentina también se admite que la detenciónla puede decretar la autoridad administrativa, sin orden escrita de la autoridad judicial, cuando existen indicios sobre la culpabilidad delsujeto detenido. Tanto la flagrancia, como la existencia de indicios comprobados de culpabilidad son las únicas excepciones al principiogeneral que exige que el arresto se decrete en virtud de una orden escrita de la autoridad competente. Así se reconoce, por ejemplo, enel párrafo primero del artículo trece de la constitución política salvadoreña, en el treinta y siete de la constitución costarricense y en elsexto de la constitución guatemalteca. En esta disposición también se define claramente que la detención debe decretarla la autoridadjudicial, estableciendo que”...Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden libradacon apego a la ley por autoridad judicial competente...”.139