las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

2. Diligencias en las que participa la defensa: Algunos ejemplos de diligencias a las cualessuele acudir la defensa actualmente son:Allanamientos y registros, contemplados en los artículos 190 CPP (de vehículos), 193CPP (de morada) y 194 CPP (de otros locales), que deben cumplir una serie de requisitos para quepuedan efectuarse. Así, por ejemplo, en el caso del allanamiento de morada, el cual debe ser realizadopersonalmente por el juez, debiendo iniciarse entre las seis y las dieciocho horas, previo dictado de unaresolución que lo ordene la cual debe contemplar varios aspectos (nombre y cargo del funcionario quelo autoriza, lugar en que se realizara, nombre de la autoridad que podrá practicar el registro, motivodel allanamiento y hora y fecha en que debe practicarse la diligencia.) Aclaramos que con la normativaprocesal anterior la defensa no participaba de un allanamiento o de un registro.Respecto a la participación del defensor público en allanamientos, el voto de Sala Consitucional2002-01953 de las once horas con treinta y ocho minutos del veintidós de febrero del dos mil dos cita asu vez la resolución número 2467-98 de las quince horas cuarenta y ocho minutos del catorce de abrilde mil novecientos noventa y ocho: “VI.- Finalmente, en lo que atañe a la ejecución del allanamiento sinpresencia de defensor, ha dicho la Sala que: ‘El problema que se plantea en el presente recurso de habeascorpus, se contrae a determinar si la falta de participación de un defensor público en la ejecución de unaorden de allanamiento, registro y secuestro, vulnera el derecho de defensa de los amparados. En criteriode la sala, ello debe desestimarse pues no puede considerarse una correcta interpretación de las normasdel Código Procesal Penal, en el tanto que se confunde las formalidades del anticipo jurisdiccional deprueba y la urgencia en su realización (artículos 293 y 294 de ese mismo cuerpo normativo), con las delallanamiento, registro y secuestro. Lleva razón el juez recurrido, que exigir la presencia de un defensoren este último acto, no solo pondría en peligro el éxito de la investigación, sino que también daría lugarpara que se lesione el principio de la averiguación de la verdad real de los hechos, al darse sobreaviso dela sospecha de los órganos del Estado, de que un juez presume, razonablemente, de que en el lugar hayrastros de un supuesto delito. Todo lo anterior, lógicamente conllevaría a la desaparición de los rastrosprobatorios de que en el lugar -alguna vez- ocurrió una actividad perseguida por la ley penal y de quiénesfueron sus autores. En todo caso, lo anterior significa que, al momento de ordenarse el allanamiento,registro y secuestro, éste se hace en contra de una o varias personas desconocidas, no individualizadas,de manera que no proceden los argumentos del recurrente, en cuanto a la aplicabilidad del artículo 13del Código Procesal Penal. Nótese, además, que si bien el recurrente se queja en el escrito inicial de quese afecta la intimidad de los recurrentes, es lo cierto que el juez contravencional de Esparza condujolas actuaciones impugnadas, siendo él el garante de los derechos fundamentales de los amparados. Enconsecuencia de lo anterior, es criterio de la Sala que el recurso debe desestimarse’.”Según la jurisprudencia constitucional recién citada, en los allanamientos (en el caso concreto setrataba de un allanamiento en el cual no se citó a la defensa) la labor que realiza el defensor público, noes de garante de los derechos de los sujetos quienes se ven perturbados por la diligencia, pues mas bienel garante es el juez de la etapa preparatoria. Con este argumento, se limita la participación de la defensatécnica en estas diligencias en abierta contradicción con el artículo 39 y 41 de la Constitución Política yel artículo 13 del Código Procesal Penal que se refiere al derecho de defensa. Bajo ninguna circunstanciacompartimos esta interpretación pues resulta contraria al Principio Pro Persona, conforme al cual, lasinterpretaciones que se realicen deben llevarse a cabo, de la manera que más favorezca a la personahumana, y no, como ocurre en este caso, cercenando sus derechos fundamentales.En igual sentido jurisprudencia de la Sala Tercera ha mantenido el criterio de que la presenciadel defensor no es necesaria en estas diligencias. Así el voto 1114-99 del 3 de setiembre de 1999, cuyocontenido tampoco compartimos, indica: “Por otro lado, conforme se adelantó, la función de resguardo115