las reformas al sistema de justicia penal - ILANUD

Leopoldo Alas, presuponiendo que, con diferencias de detalle, en todos los confines habitados por laespecie humana, lo bueno y lo malo suceden con bastante similitud. Al cabo de trajinar durante décadas,conociendo normativas y presenciando prácticas en sede de distintos sistemas penales latinoamericanos,la sugerencia de aquel autor me parece sumamente apropiada: tenemos problemas semejantes; anteso después, procuramos soluciones igualmente parecidas, y, al poco tiempo, esas soluciones suelendesvirtuarse por análogos vicios, principalmente por apego de los operadores a los antiguos ritualesformalmente derogados, pero no sólo por ello.Buen ejemplo de lo que señalo viene representado por el Código Procesal Penal para lasjurisdicciones nacional y federal de la República Argentina, Ley 23984, en vigencia desde hace dieciochoaños. Con él se plasmó inicialmente el módico avance al que me refería hace instantes, pasando de uninstrumento normativo calcado de la legislación española de 1882, de pronunciado sesgo inquisitorial, aotro que reconocía como base mediata al código italiano adaptado por Soler y Vélez Mariconde para laprovincia de Córdoba, luego por Costa Rica, y apenas retocado luego por el profesor Ricardo Levene,para su sanción en diversas provincias argentinas, y finalmente en el código nacional y federal.Un código, en suma, encasillable dentro de los sistemas mixtos, aunque criticable por lapersistencia de rasgos retrógrados como el del mantenimiento del juez de instrucción en el señorío de laslabores de investigación.Fue, en definitiva, la concreción de aquel recatado paso hacia un sistema intermedio, ante lacerrada obcecación de quienes repelían transformaciones más rotundas y contaban con el poder políticocomo para abortar todo cambio.Esa hibridez estructural, merecedora de críticas tempranas, condujo desde entonces, en losúltimos lustros, a sucesivas reformas legislativas, enderezadas, en buena medida, a rescatar para losrepresentantes del ministerio público fiscal el papel propio de titulares del ejercicio de la acción penal, ya morigerar la hipertrofia funcional mantenida en cabeza de dos figuras judiciales: el impertérrito Juez dela instrucción y el presidente del tribunal de juicio en la etapa ulterior del ritual.Los aspectos criticables de dicho modelo se han visto potenciados, desgraciadamente, por lamentalidad de muchos operadores del sistema, valga la socorrida frase, deformando a tal punto el cuadroresultante que cualquiera podría estimar que la cultura del expediente, el cariz inquisitivo de la judicatura,la autonomía funcional de la policía y otros tantos rasgos negativos ganaron una nueva batalla.Tal cuadro de situación dio lugar, precisamente, a la convocatoria de la citada comisiónde reforma integral de dicho código, conformada por miembros del poder judicial y de ambas ramasdel ministerio público –fiscal y de la defensa- así como por senadores y diputados nacionales y juristasespecializados.He de valerme, como anticipé, de algunos de los tópicos programáticos por ella indicados, queresumen los más arduos desafíos pendientes ante semejante estado de cosas, para ir poniendo de resalto,de cara a plexos normativos destinados a entronizar un sistema acusatorio puro o –al menos- mejorperfilado, como los vigentes en Costa Rica y República Dominicana y el proyecto propuesto por elINECIP, las que –entiendo- son sus virtudes insoslayables, poniendo de relieve, asimismo, los puntos quereputo cuestionables y dignos de un serio análisis crítico.• Como era lógico esperar, al promover una reforma de este segmento específico de la legislación,con el expreso carácter de una política de Estado, el primer apartado se consagró a la tarea de colocar alministerio público fiscal a la cabeza de las tareas de investigación, reservándose al órgano jurisdiccionalel control de las garantías.En este aspecto, la regla general de investigación directa e inmediata por parte del juez deinstrucción, contenida en el articulado del código costarricense anterior y en el aun vigente a nivelnacional y federal en Argentina, sólo aparecía atemperada por la facultad de delegar la dirección de tales159